“Toda persona que es localizada en el territorio español y
cuya minoría de edad es dudosa, es inmediatamente sometida a
una prueba de edad. Los resultados de la misma pueden
impedir el acceso a la protección legal y asistencial
prevista para potenciales menores solicitantes de asilo en
España”. Así se recoge en las conclusiones de la conferencia
sobre menores no acompañados celebrada en Málaga en octubre
del pasado año, justo dos meses antes de que la Dirección
General de Menores de Ceuta se reuniera por última vez con
los responsables de la Secretaría de Estado de Inmigración y
de Familia.
Entre las muchas peticiones que la Dirección que encabeza
Miguel Fábrega quiere poner sobre la mesa en un futuro
encuentro -que se retrasa a pasos agigantados- es la
valoración de las pruebas que determinan la edad de los
jóvenes que son internados en centros de menores de la
Ciudad Autónoma. Se trata de de una prueba oseométrica
realizada mediante la radiografía de la muñeca izquierda y
que se interpreta a partir del Atlas de Greulich and Pyle.
Miguel Fábrega explica que la prueba en cuestión genera
muchas dudas y no es fiable cien por cien, porque el margen
de error puede suponer diferencias de edad de hasta cuatro
años, con lo que los ‘mayores’ que se quieran hacer pasar
por menores tienen facilidades para hacerlo. Por esta razón,
Fábrega solicita la consecución de un estudio concreto sobre
la metodología para determinar la edad de los jóvenes y, en
caso de que sea necesario, sustituirla por otra. En el área
de Menores siguen sin tener noticias de Rumí. Canarias puso
sobre la mesa la problemática de los menores no acompañados
en la Cumbre Euroafricana; Ceuta espera que sea el
catalizador de un nuevo encuentro en Madrid.
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