|
La Justicia española ha dado un paso importante para
eliminar trabas jurídicas en la lucha contra la inmigración
ilegal, ya que el Tribunal Supremo considera suficiente
motivación para ordenar la expulsión de España de un
extranjero en situación irregular el hecho de que esté
indocumentado.
La sentencia, hecha pública el miércoles, revoca una
resolución del Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares que anuló una orden de expulsión dictada por la
Delegación del Gobierno en el archipiélago.
La resolución del organismo gubernativo ordenaba echar del
territorio nacional, con prohibición de entrada durante tres
años, a una mujer, por la comisión de una infracción grave,
que consistía en «encontrarse en España careciendo de
cualquier tipo de documentación, sin que además conste que
haya obtenido el permiso de residencia válido para
permanecer en el país, por lo que su estancia en el país es
manifiestamente irregular».
El Tribunal Superior anuló dicha orden por considerar que
tal infracción está castigada por el ordenamiento jurídico
en primer lugar con una multa, y que la Ley de Extranjería
permite que en vez de sanción pecuniaria se imponga la
expulsión, pero siempre que exista «una motivación
específica», que, a su entender, no se daba en el caso
estudiado.
El Supremo, en cambio, ahora estima que la Ley Orgánica
4/2000 cambia la concepción de la expulsión y establece que
el encontrarse ilegalmente en España «puede ser sancionado o
con multa o con expulsión», indistintamente.
En suma, el alto tribunal considera que el mero hecho de que
la falta de documentación conste con fehaciencia en el
expediente administrativo que se le haya abierto a cualquier
residente extranjero «es motivación suficiente para
justificar la imposición de la sanción y no la de multa».
Este dictamen judicial será sin duda aplicado con profusión
en Canarias, que en los últimos meses se ha convertido en el
epicentro de la llegada de flujos migratorios desde África,
en Ceuta y en Melilla.
En cifras, el archipiélago ha recibido más de 11.000
inmigrantes irregulares en los últimos meses -una cifra que
duplica el total de llegadas que se produjeron durante todo
el año pasado-, lo que ha obligado a la Unión Europea a
diseñar una nueva política para frenar esta entrada masiva
de irregulares no ya en la Comunidad Autónoma, sino en
Europa.
Nuevas rutas
Este aluvión de subsaharianos que ha alcanzado en los
últimos meses las costas españolas viajan a bordo de barcos
de pesca artesanales desde Mauritania y Senegal
fundamentalmente, ya que, paradójicamente, a principios de
año resultaba más fácil llegar a Canarias en estas
embarcaciones, que tienen que recorrer entre 800 y 1.000
kilómetros de Océano Atlántico, que cruzar la frontera de
Ceuta y Melilla, que ha sido blindada tras las avalanchas
masivas de inmigrantes ocurridas a mediados de 2005.
Al cerrarse esas puertas del norte de África, los flujos
migratorios se orientaron hacia Canarias, que pasó de
recibir pateras muy de vez en cuando a ser el principal
destino de numerosos cayucos que llegaron a dejar hasta casi
un millar de inmigrantes en un día.
Todo ello se ha puesto de manifiesto en la Conferencia
euro-africana clausurada el martes en la capital de
Marruecos. De la cita nació el llamado espíritu de Rabat,
por el que los 57 países participantes concluyeron que la
cuestión migratoria debe tratarse de forma global desde tres
aspectos: el desarrollo, la lucha contra las entradas
ilegales y el fomento de los flujos legales.
Camacho explicará las muertes de Melilla. La Comisión
Permanente del Congreso acordó ayer la comparecencia en una
sesión extraordinaria del secretario de Estado de Seguridad,
Antonio Camacho, para explicar los hechos que el día 3 de
julio produjeron la muerte de tres inmigrantes en la
frontera de Melilla, y rechazó la del ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre este mismo asunto.
La presencia de Camacho, pedida por Izquierda Unida y el
Grupo Mixto, resultó aprobada por 20 votos a favor y 19
contrarios del PSOE, que erróneamente votó en contra, pues
en realidad apoyaba la iniciativa.
«¿Tienen los resultados de las autopsias, cómo ocurrieron
los hechos, qué balance de heridos ha habido, tenían heridas
por bala de fuego, qué causó las muertes...?, preguntó la
diputada popular Ana Pastor, quien criticó las sirgas de
cable colocadas en las vallas fronterizas de Melilla y Ceuta
porque, explicó, implica «un alto riesgo para la integridad
física de los inmigrantes». Zapatero no regateará medios.
El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció
ayer que este mes se aprobará el Plan de Seguridad para
Canarias y garantizó el «compromiso casi personal» de que el
Ejecutivo no regateará medios «ni materiales, ni humanos, ni
políticos» para hacer frente a la inmigración ilegal.
El socialista realizó una declaración en la sede de la
Presidencia del Gobierno canario junto al presidente del
Ejecutivo autonómico, Adán Martín, tras la entrevista de una
hora que ambos mantuvieron para analizar la situación
derivada de la llegada al archipiélago de sin papeles
subsaharianos.
Además, el leonés destacó el creciente compromiso europeo
para hacer frente a la inmigración (recordó la inminente
colaboración de países como Francia, Finlandia, Portugal y
otros socios comunitarios para vigilar las costas), que
consideró que ha contribuido a reducir sustancialmente el
número de ilegales. Así, informó de que en mayo llegaron
3.500 personas y el número se redujo a 500 en junio.
Como parte de los esfuerzos comunitarios, Bruselas comenzará
la próxima semana a desplegar en el archipiélago diversos
medios marítimos y aéreos de la Agencia Europea para el
control de las Fronteras Exteriores (Frontex), para evitar
nuevos naufragios de cayucos.
|
INMIGRACIÓN / JUSTICIA
