Desde hace seis meses, la Ley de Servicios de la Sociedad de
la Información y de Comercio Electrónico obliga a las
Administraciones Públicas a ofrecer de forma accesible toda
la información que pongan a disposición de los ciudadanos en
sus sitios en la Web. De la teoría a la práctica, los
resultados han sido poco efectivos: sólo las páginas
oficiales de Castellón de la Plana, Ceuta y Pamplona han
logrado superar el 50 por ciento del examen del Observatorio
de Infoaccesibilidad encargado por el grupo ‘ONCE’.
El ayuntamiento de Pamplona queda en primer lugar, con un
57,14 por ciento, seguido de Ceuta, con 56,52 por ciento, y
el de Castellón de la Plana, con el 52,27 por ciento, en el
ámbito de la evaluación técnica de cumplimiento normativo.
En lo que respecta a la valoración de los usuarios, el
resultado es sensiblemente diferente: Castellón y Pamplona
se mantienen en los tres primeros puestos mientras que la
Ciudad Autónoma queda relegada a la sexta posición.
Lugo, Logroño, Santa Cruz de Tenerife y Santander son las
cuatro comunidades que no alcanzan el 50 por ciento de
usabilidad y accesibilidad exigido en ninguno de los dos
baremos.
Entre las cifras más chocantes destaca el portal del
ayuntamiento de Oviedo al presentar una notable diferencia
(de más de 55 puntos porcentuales) entre ambas puntuaciones,
pasando de tener el peor porcentaje en el cumplimiento con
los criterios del análisis técnico a situarse en medio de la
tabla de satisfacción de usuarios.
Baremos
Según la metodología desarrollada por los consultores de ‘Technosite’,
el informe combina el análisis técnico de un conjunto de
criterios que afectan a la accesibilidad de las webs
(descripción de imágenes, etiquetado de formularios, uso de
marcos, código, etc.) junto a la experiencia y valoración de
usuarios con distintas capacidades funcionales (limitaciones
visuales, motrices, auditivas, sin discapacidad), para
evaluar el estado de la página. La muestra comprende 18
sitios correspondientes a ayuntamientos de capitales de
provincia, seleccionados según criterios de tamaño
poblacional y distribución territorial.
A nivel general, el estudio del Observatorio no arroja
cifras alagüeñas para la puesta a punto de una ley que se
antoja lenta en su cumplimiento.
|