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El presidente de la central sindical CSI-CSIF, Antonio Vera,
mostró su postura respecto a la futura aprobación del
anteproyecto de Ley del Estatuto Básico del empleado
Público, que definió como “la Ley fundamental que debe
servir de base para que después las diferentes comunidades
autónomas desarrollen las leyes propias relativas a la
función pública”. Lo único que no gusta a Antonio Vera es
que el E.B.E.P será la norma para que en un futuro se
desarrollen las 17 leyes de función pública, con lo que se
excluye a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Ante esta situación de desregularización, los servicio
jurídicos de CSI-CSIF, con el visto bueno de UGT y CCOO,
elaboraron una propuesta de disposición adicional que se
referiría concretamente a la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Disposición adicional
La propuesta reclama en su primer punto que el personal
funcionario propio de la Ciudad Autónoma se regirá por la
función estatal básica y por las disposiciones legales que
dicte la Asamblea de Ceuta en esta materia.
Además reclama que el personal laboral al servicio de la
Ciudad Autónoma se regirá por los preceptos del E.B.E.P, por
la legislación laboral, por los convenios de los diferentes
colectivos aplicables y por las normas que sobre esta
materia dicte la Asamblea de la Ciudad Autónoma.
Para finalizar la propuesta reclama que la Asamblea de la
Ciudad Autónoma tendrá las siguientes competencias: la
creación, modificación y supresión de cuerpos, escalas y
plazas; la regulación del procedimiento de provisión de
puestos directivos, así como su régimen de permanencia; y la
determinación del régimen de sanciones disciplinarias graves
y leves en desarrollo de la legislación del Estado. Antonio
Vera piensa que con esta disposición “estaríamos cubriendo
este vacio que para Ceuta y Melilla ha dejado el E.B.E.P”.
Razones
CSI-CSIF considera el E.B.E.P un “paso adelante” por cuatro
razones fundamentales: es un avance en el terreno de la
modernización de la función pública española; cubre una
necesidad como es la de crear un cuerpo de derecho para
todas las comunidades autónomas: la homogeneidad de las
Administraciones Públicas, tanto en la gestión de los
recursos humanos, como la movilidad de los funcionarios; y
en último lugar el consolidación de la negociación colectiva
de los empleados.
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sindicatos / EBEP
