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El Estatuto Básico del Empleado Público se encuentra en
todos los puntos de mira. El Gobierno de Zapatero negocia
con los responsables de las 17 comunidades autónomas y las 2
ciudades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de
Administraciones Públicas. Las posturas entre socialistas y
populares no se encuentran, y el anteproyecto de ley del
E.B.E.P está a la espera de una nueva reunión en el MAP, que
se celebrará la próxima semana, en la cual todas las
ciudades gobernadas por el PP presentarán las enmiendas que
crean oportunas. Ceuta y Melilla tienen un especial interés
en esta nueva reunión ya que la situación de los
funcionarios de las ciudades autónomas difiere a la del
resto de España al no tener éstas la capacidad legislativa a
través de la cual se regula el E.B.E.P.
Al otro lado se encuentran los sindicatos. CC.OO, UGT y CSI-CSIF
ya alcanzaron un preacuerdo con el Gobierno de la Nación el
pasado 24 de mayo. Los miembros de la Comisión Ejecutiva
Estatal de CCOO, y negociadores de dicho Estatuto, Juan
Carlos Rodríguez de la Coba y Mercé Serra, ya comentaron en
su visita a la Ciudad Autónoma de Ceuta el pasado mes de
abril que habían recibido con agrado la noticia de la
reforma del estatuto, al considerarse “positiva” para el
empleo público en su conjunto, al ser “una necesidad y un
compromiso cumplido de los trabajadores públicos de este
país”. La normativa que regía a los funcionarios databa del
año 1967, así que desde el punto de vista de las
organizaciones sindicales este proceso de reforma “vendrá a
suplir y modernizar toda la legislación que afecta a la
función pública”.
¿Qué es el E.B.E.P?
El Estatuto Básico del Empleado Público establece los
principios generales aplicables al conjunto de las
relaciones de empleo público, empezando por el de servicio a
los ciudadanos y al interés general, ya que la finalidad
primordial de cualquier reforma en esta materia debe ser
mejorar la calidad de los servicios que el ciudadano recibe
de la Administración.
El E.B.E.P contiene aquello que es común al conjunto de los
funcionarios de todas las Administraciones Públicas, más las
normas legales específicas aplicables al personal laboral a
su servicio. Partiendo del principio constitucional de que
el régimen general del empleo público en nuestro país es el
funcionarial, reconoce e integra la evidencia del papel
creciente que en el conjunto de administraciones públicas
viene desempeñando la contratación de personal conforme a la
legislación laboral para el desempeño de determinadas
tareas. En ese sentido, el Estatuto sintetiza aquello que
diferencia a quienes trabajan en el sector público
administrativo, sea cuál sea su relación contractual, de
quienes lo hacen en el sector privado.
Principales reformas
El estatuto afectará a dos millones y medio de trabajadores,
que engloba la inmensa mayoría de empleados públicos de
España y respeta la singularidad de sectores como el
sanitario, enseñanza o Correos. También modificara el
régimen retributivo estableciendo una estructura salarial
básica que comprenda el salario base, los trienios y las
pagas extraordinarias. La única retribución complementaria
que no formará parte de estas pagas es la productividad.
Con el nuevo Estatuto se asegura una mayor estabilidad en el
empleo, con el compromiso de reducir considerablemente los
actuales niveles de temporalidad en el ámbito de las
Administraciones Públicas, con 600.000 empleos eventuales,
considerablemente superiores a los del sector privado.Tal y
como reclamaron las organizaciones sindicales se han
incluido una serie de garantías que permitirán la correcta
aplicación de la evaluación del desempeño. Entre estas
medidas se encuentra que sean materias de obligada
negociación con los sindicatos, que forme parte del elenco
de derechos de los empleados públicos y que incida
exclusivamente en las retribuciones ligadas a la
productividad.
El nuevo Estatuto también recoge una serie de iniciativas
para promocionar la carrera profesional de los empleados,
con el derecho del reconocimiento a la promoción interna y a
la progresión de la carrera administrativa.
Reacciones
Las delegaciones sindicales de CCOO y UGT en Ceuta, no ven
con malos ojos la reforma del Estatuto. El secretario
general de UGT, Antonio Gil, considera que el único problema
que existe en torno al E.B.E.P es la “capacidad
competencial” de la Ciudad Autónoma. Este problema se
solucionaría con la posible reforma del Estatuto de
Autonomía que le concediera a Ceuta el rango de Comunidad
Autónoma, de esta forma la regulación laboral de los
funcionarios dependería directamente del Gobierno de la
Ciudad.
Este es el principal motivo que alegó el consejero de
Gobernación, José Luis Morales, en su visita a la mesa
sectorial que se celebró en la capital de España.
Morales cree que la situación que Ceuta y Melilla vivirían
con el EBEP sería de “desregularización”, ya que es una ley
básica que desarrollarán las distintas comunidades autónomas
a través de sus cámaras legislativas, órgano del que carecen
las dos ciudades autónomas españolas. Por este motivo desde
la Ciudad Autónoma se reclama una “flexibilización” de la
ley y que “la potestad normativa reglamentaria que está
atribuida en ambas ciudades nos reconociera como a las
demás, pero el MAP dice que no”. La próxima semana será
decisiva para la aprobación del E.B.E.P. La negociación que
comenzó con el gobierno de Aznar, está a punto de finalizar
con el actual gobierno de Rodríguez Zapatero. Las
condiciones laborales de dos millones y medio de
trabajadores están a punto de definirse.
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negociación / Estatuto
