La viceconsejera de Sanidad y Bienestar Social, Yolanda Bel,
firmó en la mañana de ayer un convenio de colaboración con
la Junta arbitral de consumo por una cantidad de 9.000 euros
en concepto de dietas por la asistencia para cesiones del
colegio de arbitros.
La firma tiene un doble caracter vinculante ya que
procedieron a ella, por parte de los empresarios, Rafael
Montero, presidente de la Confederación de empresarios ;
Luis Moreno, presidente de la Cámara de comercio y por la
parte de los consumidores representantes de ACUTRANS, Jose
María Campos, ACOCE, Gregoria Pozas, y la Asociación de amas
de casa, Inés López.
El servicio que presta la Junta arbitral de consumo se está
convirtiendo en un método muy importante en la sociedad,
tanto a nivel empresarial como para los consumidores. En la
actualidad existen 61 juntas arbitrales constituidas en todo
el territorio español, con un total de 38.572 empresas
adheridas al sistema arbitral y una media de 13.000
solicitudes de arbitraje. La cuantía media de las
reclamaciones es de entre 700 y 1000 euros y el tiempo
máximo para resolverlas es de cuatro meses según el Real
Decreto 636/1993.
Las peticiones de arbitraje solicitadas en la Ciudad
Autónoma de Ceuta durante el año 2005 han sido 53 y las
empresas adheridas actualmente a la Junta abitral de consumo
son 38, entre las que se encuentran empresas de
telecomunicaciones, navieras, textil o alimentación.
Características
Bel considera que la Junta Arbitral de consumo es una
“garantía para todos los ceutíes”.
Una de las principales características de esta entidad es la
rapídez con la que se tratan los casos y la eficacia con la
que se actúa para que se llegue a un trato amistoso para las
dos partes implicadas. Además se añade la ventaja de que es
un procedimiento económico.
La viceconsejera señaló que “desde el área de Consumo, al
igual que desde todas las asociaciones, se está haciendo un
trabajo importante, y el pago de estas dietas es justificado
y totalmente necesario”.
Bel no se olvidó de que los consumidores son los grandes
protagonistas en este convenio, ya que ellos van a ser los
grandes beneficiados por el mismo, por que ellos son “el
objetivo primero, último y fundamental de todas las acciones
que se llevan a cabo por parte del área de Consumo”.
A través de estas medidas se pretende que los consumidores
estén cada día más conformes con el papel que juegan dentro
del mercado y se sientan protegidos por las autoridades en
caso de sentirse agraviados por las empresas.
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Reivindicación de los minusválidos
La presidenta de ACOCE, Gregoria
Poza, aprovechó el convenio firmado con la Consejería de
Sanidad y Bienestar Público para reivindicar los derechos de
los minusválidos.
Lo primero a lo que se refirió Gregoria Pozas fue a la
accesibilidad de la sala de prensa donde se firmó el
convenió, la cual “no eradecuada para el evento, por las
trabas que tiene para una persona minusválida”.
Reclamó un “acondicionamiento para todos” ya que “nosotros
pagamos los mismos impuestos que el resto de los ceutíes”.
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