“Las viviendas de ‘Ybarrola’ fueron construidas en régimen
de promoción privada, ya que se gestionaron con fondos de
Emvicesa”, explicó ayer Elena Sánchez en rueda de prensa.
Sobre esta premisa quiso ayer la Ciudad dar carpetazo a la
polémica surgida el lunes en el Pleno, cuando el diputado
socialista Sergio Moreno preguntó por la presencia de un
decreto que denegaba el visado de Fomento a un individuo que
pretendía solicitar una subvención de Vivienda para la
compra de una de las viviendas protegidas de ‘Ybarrola’,
teniendo una renta que superaba ampliamente el IPREM y
siendo además propietario de dos viviendas.
La consejera quiso salir públicamente al paso de este asunto
para limpiar el prestigio de Emvicesa y el procedimiento de
adjudicación de viviendas. Según Elena Sánchez, al haber
sido estas viviendas promocionadas con los propios recursos
de Emvicesa, el Consejo de Administración (que ella misma
preside y en el que hay representación de todos los grupos
políticos) tuvo una mayor elasticidad para imponer las
condiciones de adjudicación.
“En el año 2000 se decidió la importancia de promover 61
viviendas protegidas en Villajovita. Parte de esa parcela
era de propiedad privada, por lo que la consejería negoció
la cesión de esa parcela, a cambio de una vivienda en los
pisos de ‘Ybarrola’. Este acuerdo cubría un interés general
de la ciudad, que era el de liberar suelo, dadas las
dificultades que existen en la ciudad en materia de
vivienda”, explicó Elena Sánchez.
La portavoz añadió además que este contrato entre la
consejería y el propietario, que a la postre sería el
solicitante de la polémica subvención, fue sometido al
Consejo de Administración de Emvicesa, que contó con todos
sus representantes y no presentó ninguna objeción.
Respecto al segundo caso que el diputado socialista mencionó
en la sesión plenaria, referente a otro usuario que ya
poseía una vivienda protegida en Cádiz, la consejera de
Fomento explicó una situación similar en este caso referente
a la construcción de 19 viviendas protegidas y destinadas a
jóvenes, para construir en Calderón de la Barca. “En este
caso, se acordó la cesión de una vivienda a cambio del
solar, aprobando el Consejo de Administración la operación
por unanimidad”, recordó la consejera.
Elena Sánchez comentó que en los dos casos se trató de
acuerdos “legales y limpios” que intentaban alcanzar el
objetivo de liberalizar suelo urbano por un interés general.
“El real Decreto / 1186 del 8 de junio de 1998 regula esta
materia y en ningún caso habla de la ilegalidad de los
supuestos mencionados aunque no se trate de casos ideales”,
explicó.
En referencia a la denegación de la solicitud del visado de
Fomento para acceder a la subvención que otorga Vivienda, la
consejera fue clara: “Lo que sí sería ilegal, es que esta
segunda vivienda contase con los mismos derechos para
acceder a las subvenciones y ayudas que el ministerio ofrece
para adquirir las viviendas en régimen de protección
especial”, concluyó.
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La Consejería puntualiza que estos casos son excepcionales
Elena Sánchez quiso puntualizar
que no es en absoluto la intención del Gobierno de la Ciudad
ni de Emvicesa el promover situaciones en las que un
individuo pueda acceder a una vivienda protegida contando ya
con otra, sino que sólo ocurren de manera excepcional cuando
el interés general de los ciudadanos debe prevalecer sobre
el caso concreto. En las situaciones mencionadas, se trataba
de liberar suelo urbano muy necesario para la ciudad, a
cambio de un porcentaje poco considerable de una
construcción ya finalizada. “Lo deseable sería que cada
ciudadano contase con una vivienda protegida, pero la ley no
prohíbe que se tengan dos en casos concretos, aunque el
sujeto no pueda luego acceder a las ayudas ”, dijo la
consejera, que aseguró que es competencia de la Ciudad
vigilar para que no se produzcan situaciones que
extralimiten la legalidad.
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