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Levantar grandes construcciones
cuidando poco de los cimientos es, cuanto menos, atrevido
siendo benévolos.
Pretender la ampliación, en este caso del modelo territorial
del Estado, en base a otorgar mayores poderes a entes
supraprovinciales, sin prever la solidez de lo más cercano
-municipios- es, por tanto y atendiendo a la máxima
anterior, cuanto menos atrevido siendo benévolos.
Los ejemplos de Ceuta y Melilla con la proyección muy
fortalecida de sus municipios debe ser claro referente para
la justa pretensión de los ayuntamientos de España a contar
con mayores competencias para evitar una administración cada
vez más lejana en función del actual organización
territorial, basada en exceso hacia la Provincia, Autonomía
y Estado en últimas circunstancias, abandona un tanto la
administración más próxima al ciudano, deja de lado la cara
más amable del sentimiento de terruño y nos encamina hacia
lo más etéreo de la política.
No obstante, los extremos no son nunca buenos, por lo que ni
debe ser garantía de mejor servicio la potenciación
autonómica, ni tampoco el que la base municipal de España
conlleve un peso excesivo de competencias administrativas.
Por tanto, llegar a un punto concreto de consenso del modelo
territorial que debe ser España no solo es necesario, sino
que una obligación de cuantos políticos han adquirido la
condición como tal en función del encargo que los ciudadanos
le han confiado para el mantenimiento de la justicia y
solidaridad entre los españoles en defensa de los votos
realizados en el juramento o promesa cuando el acceso a tal
condición política de representante del ‘pueblo’.
El municipio es, de este modo, la base del modelo
territorial actual. Su potenciación no sólo debe ser
necesaria, sino una exigencia, aunque ésta no tiene porqué
hacer sombra al consecuente avance autonómico.
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OPINIÓN / EDITORIAL
