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El asunto de los menores no
acompañados empieza a tomar carta de complicada naturaleza
desde el momento en que el gasto que soporta la Ciudad
Autónoma de sus propios fondos (supuestamente para los
ceutíes) alcanza cifras que empiezan a causar cierto mareo
-casi 1.500 millones de las antiguas pesetas al año- para
sustentar el coste del mantenimiento, entre otros, de los
más de 100 menores no acompañados cobijados en Ceuta.
Teniendo en cuenta que la proliferación de estos jóvenes
cobra, en estos momentos, unos niveles que ya son
preocupantes, la aportación que el Estado pueda realizar en
esta problemática no solo es importancia sino vital y
necesaria en varios aspectos (económico, de interlocutor con
Marruecos y como miembro de la UE).
Se debe partir de un hecho cierto. Del aporte económico que
el Gobierno central central ingresa para Ceuta (del monto
global), habría que restar aquellas que no repercuten
directamente en el ceutí como por ejemplo, el dinero que
supone las atenciones sanitarias de toda índole que se le
prestan a los marroquíes de la provincia de Tetuán o a los
inmigrantes, y el monto que cuesta la manutención de estos
irregulares al año, por sólo poner dos bien claros.
Desde el pasado mes de noviembre se encuentra paralizada la
propuesta de la repatriación inmediata de menores como para
que Marruecos se haga cargo de sus propios ciudadanos aunque
para ello se le deba ayudar en la construcción de centros de
acogidas. Para ello es necesario la actitud de respaldo del
Estado ante este problema.
Es cierto que muchos de estos niños sufren las consecuencias
del desamparo en su propio entorno familiar. Habría que
analizar cada caso, pero también es cierto que otros tantos
llegan y , bien aleccionados, lo primero que solicitan son
“papeles”.
No tiene por qué ser un problema crónico para Ceuta el
asunto de los menores no acompañados procedentes de
Marruecos. España y la Unión Europea deben exigir al país
vecino que cumpla con sus obligaciones, reparta sus riquezas
y distribuya equitativamente las millonarias ayudas que
recibe entre su población.
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OPINIÓN / EDITORIAL
