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A partir del próximo mes de octubre, comenzará a funcionar
la nueva Oficina Judicial que el Ministerio está implantando
en once ciudades españolas elegidas como experiencia piloto
y que pertenecen a cada una de las Comunidades Autónomas que
integran aún el ámbito de competencias de Justicia del
Gobierno central. Cáceres, Logroño, Ciudad Real, Melilla,
Burgos, Santander, Murcia, Palma de Mallorca, Avilés,
Zaragoza y Ceuta son las ciudades elegidas para la
renovación de la organización de los órganos
jurisdiccionales seleccionados. El objetivo: reestructurar
los medios que rodean al juez con el fin de modernizar y
agilizar la Justicia, desterrando definitivamente el formato
papel de los juzgados.
En el caso de Ceuta, la reforma afectará a nueve órganos
judiciales lo que, para el delegado del Gobierno, “es una
apuesta importante de la Administración de Justicia,
fundamentalmente para intentar agilizar y modernizar los
procedimientos judiciales e incorporar las nuevas
tecnologías”.
Según Jerónimo Nieto, aún habrá que esperar un tiempo para
ver los resultados pero cuando la oficina esté consolidada
“sin duda los trámites y procedimientos judiciales van a ser
más ágiles y, sobre todo, van a hacer que los que trabajan
en los mismos lo puedan hacer en mejores condiciones y con
procedimientos más rápidos”.
Con la reforma de la Oficina Judicial, el Ministerio
pretende modernizar la Justicia descargando a los jueces y
magistrados de todas aquellas funciones que no sean
estrictamente jurisdiccionales.
Contenido de la reforma
El magistrado se encargará, según explicó uno de los
asesores del ministro López Aguilar, Francisco Cabo,
“exclusivamente de dictar sentencias y representar al
juzgado que es lo que dispone la Constitución que es lo que
tienen que hacer”. El resto de competencias serán atribuidas
a otros cuerpos principalmente al de secretarios judiciales,
como cuerpo superior jurídico, y al resto de funcionarios de
la Administración de Justicia.
El punto fundamental de esta reforma es el juez que se verá
liberado de todas aquellas cuestiones que no sean
jurisdiccionales lo que va a permitir que el ciudadano
“tenga una Justicia mucho más ágil y de mayor calidad”, dijo
Cabo.
“Los jueces van a dictar muchas más sentencias y de mayor
calidad. Además, el ciudadano, con la implantación de las
nuevas tecnologías en el Ministerio de Justicia, va a ver
cómo se van a acortar los tiempos de espera para los
procedimientos”, señaló ayer Cabo en el transcurso de la
presentación que se hizo para los trabajadores del sector en
el edificio central de Caja Madrid en Ceuta. En definitiva,
el ciudadano va a ser el que más beneficiado se vea con esta
reforma de la Justicia.
Coste del proyecto
El Ministerio invertirá aproximadamente cien millones de
euros en la puesta en marcha de esta experiencia piloto que
se desarrollará, simultáneamente, en once ciudades
españolas. Para que el proyecto se haga realidad ya se han
aprobado los reglamentos que desarrollan la Ley Orgánica del
Poder Judicial (LOPJ); se ha enviado al Congreso la reforma
de 21 leyes de procedimiento y se ha publicado en el BOE el
Plan de Transparencia Judicial, así como la Orden
Ministerial reguladora de la dotación básica de las unidades
procesales de apoyo directo a jueces y magistrados. Con
todas ellas se garantizará la puesta en funcionamiento de la
Oficina Judicial.
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La Junta de Personal de Justicia de Ceuta planteó
alegaciones
En el transcurso de la
presentación de la nueva Oficina Judicial, que tuvo lugar
ayer, los representantes sindicales de los trabajadores de
Justicia presentaron alegaciones relacionadas con los
puestos de trabajo de gestión, tramitación y archivo
judicial y relacionadas con las unidades de apoyo directo y
los servicios comunes.
Según explicó el representante de CCOO en la Junta de
Personal de Justicia, Jacinto León, “creemos que la
distribución de los funcionarios que nos proponen ha sido un
tanto desproporcionada y descompensada y se lo hemos hecho
saber”. Según explicó Francisco Cabo, en el Ministerio están
receptivos a las alegaciones presentadas por los
trabajadores, sobre todo en lo relativo a la interinidad de
la que dijo que: “es un asunto difícil de solucionar pero,
desde luego, todo lo que esté en nuestra mano se va a tener
en cuenta”.
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