Ha transcurrido más de un mes desde que Septem Nostra
remitió al Ministerio de Cultura un escrito solicitando
protección para el fortín del Príncipe Alfonso que estaba
siendo expoliado y éste aún no se ha pronunciado al respecto
por lo que la situación de abandono en que se encontraba
este Bien de Interés Cultural continúa.
Según denunciaba este colectivo, el fortín fue ocupado
ilegalmente por unos individuos que, incluso, llegaron a
encerrar un perro en su interior para evitar ser desalojados
de allí. Pero no había sido éste el único ataque contra esta
edificación que servía como vertedero de basuras para
algunos y que, además, había sido quemada en alguna ocasión.
Septem Nostra pidió entonces a la Subdirección General de
Cultura que evitase el expolio que venía sufriendo este
monumento y que tomase las medidas necesarias para su
protección efectiva pero, de momento, no hay respuestas.
Hasta marzo de 2005, había sido vigilado por trabajadores
adscritos al programa de vigilancia de barriadas pero, desde
entonces, carece de cualquier tipo de protección.
Este colectivo está preocupado por la situación de deterioro
que atraviesan todos y cada uno de estos fuertes defensivos
neomedievales que datan del siglo XIX y que es necesario
recuperar con un “planteamiento global e integral que actúe
para solucionar las patologías que tiene cada una de estas
edificaciones”, ha señalado el presidente de la asociación
José Manuel Pérez Rivera.
Una de las principales demandas del colectivo respecto a
estos fortines se refiere al de San Francisco de Asís que
está cedido por la Comandancia General al Gobierno Autónomo
y en torno al cual existe un proyecto de instalación de un
parque eólico. En Septem Nostra estiman que una forma de
compensar el impacto paisajístico que va a suponer la puesta
en marcha de los molinos sería “rehabilitando el fortín para
darle un uso como centro de interpretación de la naturaleza
o de explicación de lo que son estos fortines que están
declarados Bien de Interés Cultural.
“El proyecto está aún en fase de tramitación -explica Pérez
Rivera- pero nosotros somos un colectivo de ciudadanos que
se ha constituido en voz pública para dar su opinión y
alertar de la pérdida de los valores de nuestro patrimonio”.
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