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Han pasado más de seis años desde que Susana Bermúdez
decidiera abandonar las filas socialistas para pasar a
formar parte del grupo mixto de la Asamblea de Ceuta y el
culebrón está, por fin, próximo a su fin. Tras las dos
sesiones de juicio oral celebradas en la sección sexta de la
Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, los nueve miembros
del jurado popular elegidos para este proceso comienzan hoy
a deliberar para que, en un plazo máximo de 48 horas,
alcancen un veredicto absolutorio o condenatorio.
En la sesión de ayer, el fiscal delegado de la Fiscalía
Anticorrupción, José Luis Puerta, anunció una rebaja en la
petición de la pena por considerar un atenuante la dilación
indebida del proceso. Así pues, ahora solicita un año de
prisión, seis años de inhabilitación para ejercer cargo
público y una multa de 300.000 euros para cada uno de ellos.
Independientemente del resultado, sean considerados
culpables o inocentes de un delito de cohecho, lo que es
seguro es que la sentencia no va a estar exenta de polémica.
En los últimos años, muchas han sido las especulaciones que
se han hecho acerca de lo que, supuestamente, hizo cambiar
de opción política a la socialista Susana Bermúdez: el cobro
de 70 millones de pesetas, una casa en Marbella por valor de
200 millones de pesetas, un puesto de trabajo de
responsabilidad dentro del Gobierno Autónomo.... muchos son
los rumores y pocas las pruebas presentadas para
confirmarlo, a juicio de los abogados encargados de la
defensa de los tres acusados: Antonio Sampietro, Susana
Bermúdez y Francisco Cazalla.
En todo este tiempo, las cuentas bancarias y el patrimonio
de los acusados y de sus familiares han sido investigados
para intentar hallar dicho dinero pero el Ministerio Fiscal
no ha sido capaz de presentar ninguna prueba contundente que
apunte a la culpabilidad de los imputados y que demuestre la
comisión del delito de cohecho de una forma absolutamente
irrefutable.
Tanto los acusados como los testigos aportados por la
defensa coincidieron en sus testimonios y negaron que se
produjera algún pago o contraprestación para convencer a
Bermúdez de que debía cambiar de partido político. Sin
embargo, el ex diputado socialista Alfonso Cerdeira, quinto
en la lista del PSOE y compañero de escaño de Bermúdez, dijo
ayer que la tránsfuga llegó a comentarle “que había recibido
una oferta económica del entorno del GIL para irse con ellos
pero que la había rechazado”. Cerdeira explicó al juez que,
en aquel momento, no pensó que eso pudiera constituir
ninguna amenaza para el tripartito presidido por Fortes y
que, incluso, “ironicé con Susana respecto a este asunto”.
El ex diputado socialista señaló también que Bermúdez llegó
a decirle “que quería mandar”, un testimonio que contradice
todo lo dicho hasta el momento por los acusados y testigos
de la defensa que alabaron el poco apego que Bermúdez tuvo
hacia su escaño como una muestra de su actuación
desinteresada y “puramente ideológica” en su cambio del
tripartito al nuevo Gobierno del GIL.
Cerdeira también afirmó que ella propuso a su marido como
miembro del Gobierno tripartito pero que “rechacé la
propuesta porque no me pareció oportuno ni conveniente
aunque Francisco (Cazalla) pudiera ser apto para el puesto”.
Alfonso Cerdeira reconoció, en el transcurso de la
comparecencia ante el tribunal de la Audiencia, que se lleva
mal con Bermúdez y dijo que le parecía una persona “inmoral”
por lo que había hecho y aunque manifestó no tener
constancia de que cobrase el dinero sí ironizó al respecto
asegurando que ella “siempre votó a favor de todos los
gobiernos que hubo a lo largo de aquella legislatura”. Entre
1999 y 2003, hubo tres gobiernos distintos: el tripartito
presidido por Jesús Fortes (coalición PP, PDSC y PSOE); el
Gobierno del GIL, presidido por Sampietro y que alcanzó el
poder gracias al voto de la tránsfuga, y el Gobierno
presidido por Juan Vivas, que contó con el apoyo de la
también tránsfuga Aida Piedra, del GIL.
En la sesión de ayer también compareció el ex presidente
Jesús Fortes que aseguró que jamás recibió queja alguna por
parte de Bermúdez respecto al programa que estaba
desarrollando el tripartito. Una afirmación que, para el
fiscal, no es muy coherente con el supuesto malestar de la
diputada ante dicha situación: “nunca hizo nada por mostrar
su disconformidad con la política del Gobierno, sino que
optó directamente por irse del partido”.
El fiscal señaló también en sus conclusiones que el hecho de
que Susana Bermúdez empezase a participar en las reuniones
del GIL es una muestra de que “su voluntad era asumir poder
y no sólo pertenecer al grupo mixto y apoyar al Gobierno
puntualmente como ella ha dicho”. Puerta hizo, además, una
mención especial al papel jugado por Cazalla ya que “su
intervención fue clave para que Susana se fuera al GIL”.
Fortes aseguró en su declaración que se enteró de la moción
de censura contra su Gobierno durante sus vacaciones, el día
antes de que tuviera lugar dicha votación, y que para él,
esto no es sino una muestra de que “parte de su enfado con
el partido es que ella quiere que su marido ostente un cargo
de responsabilidad y ve que en aquella situación no va a ser
posible”. Fortes no quiso dejar pasar la oportunidad de
hacer notar a los presentes que Susana Bermúdez era “una
persona con una larga trayectoria de militancia detrás” y
que, por lo tanto, “alguna razón poderosa tuvo que haber
para que, sin quejas previas, se convirtiera en tránsfuga”.
Durante las conclusiones, los abogados de la defensa
hicieron especial hincapié en la falta de pruebas que
“demuestren la culpabilidad de nuestros defendidos” e
instaron al jurado popular a que “ante la duda”, declarasen
su inocencia. En las próximas horas, se dará a conocer la
decisión de los nueve miembros del jurado. Se admiten
apuestas.
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TRIBUNALES / POLÍTICA
