Con el 2005 ya concluido, Nuevas Generaciones del Partido
Popular de Ceuta ha querido hacer un balance de la gestión
del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Su
secretario general, Eduardo Ayala, lo tiene claro: “somos
conscientes de que el Gobierno socialista se encamina al
desplome y a la ruptura de su Gobierno”.
Algunos de los puntos en los que se basa la crítica de los
populares se refieren al incremento de las tarifas del agua,
la luz o el transporte y a la subida de los precios y los
intereses. Según Nuevas Generaciones, “el PSOE no ha querido
que el Partido Popular juegue el partido y lo ha dejado en
las gradas para que, como espectador, aplauda lo que hace
con los independentistas”.
Según el comunicado remitido por Eduardo Ayala, la gestión
del 2005 de Zapatero se cierra con un claro descenso de la
confianza que tienen en él los españoles: “en sólo un año ha
caído 23 puntos”.
Así, se destacan como puntos más conflictivos aspectos como
la política antiterrorista o la reforma del Estatuto de
Cataluña a la que califican de “reforma constitucional
encubierta” que sólo pretende “acabar con España como nación
y sustituir el modelo constitucional por uno confederal y,
además, sin la participación de todos los españoles”. Para
NNGG, Rodríguez Zapatero y su ejecutivo han roto el consenso
constitucional y lo han sustituido por un “acuerdo con las
minorías más radicales” lo que, a juicio de este grupo
político, “ha supuesto la división y el enfrentamiento entre
los españoles y entre las comunidades autónomas”.
Respecto al terrorismo, critican que se haya sustituido la
política de buscar la derrota de ETA desde la ley por una
oferta de diálogo “abierta, intemporal y hecha desde el
Congreso”. En lo que se refiere a los tristes sucesos del
11-M, los populares critican que el Ejecutivo haya cerrado
la investigación “pese a las informaciones y las pruebas que
han aparecido en los últimos meses”.
NNGG considera también que desde que el Partido Socialista
asumió el poder central se ha producido una merma de la
libertad de información y expresión y acusa al Gobierno de
someter a los medios de comunicación a la “fiscalización y
el control de comisariados políticos”.
En el comunicado, también ha habido espacio para criticar la
aprobación de la polémica Ley Orgánica de Educación, la LOE,
pues se trata, a juicio de Nuevas Generaciones, de un modelo
educativo “ya fracasado, sin consenso con la oposición ni
con las fuerzas sociales implicadas”.
En cuanto a la inmigración, la segunda preocupación de los
españoles después del paro, NNGG considera que el principal
error del Gobierno ha sido “trasladar este asunto del
ministerio de Interior al de Trabajo y proceder a la
regularización masiva de inmigrantes, lo que ha provocado un
‘efecto llamada’ con consecuencias para España y el resto de
Europa, rompiendo con ello la unidad europea en materia de
inmigración”.
El ‘caso Montilla’, con la polémica de la OPA (Oferta
Pública de Acciones) de Gas Natural sobre Endesa, y la
disminución de la relevancia de España en la política
internacional son otros de los aspectos en los que Nuevas
Generaciones no está de acuerdo con la forma de actuar del
Gobierno ya que, aspectos como la reducción de los fondos
europeos para España, muestran “la incapacidad política, la
falta de preparación y de trabajo del Presidente del
Gobierno”.
Por todos estos puntos, Nuevas Generaciones del Partido
Popular califica al 2005 como “el año del desplome de
Zapatero, de su Gobierno y de sus políticas”, tal y como
recogen las encuestas efectuadas al respecto. Para NNGG, en
2005 la política de Zapatero no sólo no ha generado
confianzas ni expectativas sino que “sólo ha generado
problemas” a juzgar por los datos de empleo, vivienda e
impuestos.
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Despreocupación por Ceuta y Melilla
En lo que concierne a asuntos
regionales, Nuevas Generaciones considera que no sólo ha
caído la confianza de los españoles en la evolución de la
economía nacional sino que, además, el Gobierno de Zapatero
se ha despreocupado por completo de sus territorios
africanos: Ceuta y Melilla. Ambas ciudades autónomas son las
principales perjudicadas por la “irresponsable política de
inmigración” llevada a cabo por este Ejecutivo en el que los
problemas derivados de la entrada masiva de extranjeros en
ambas ciudades no han hecho más que crecer.
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