El Alto Tribunal con su sentencia,
sobre el asesinato de la educadora de Zamora a manos de un
menor que partió de Ceuta por un acuerdo con la ONG
‘Mensajeros de la Paz’ en virtud a un programa de
integración, deja claro que la Ciudad -como institución- y
la organización no gubernamental no son responsables civiles
subsidiarios de la acción violenta cometida por Abdelhuaje
M.E., tal y como condenaba la Audiencia Provincial de
Zamora, lo que motivó titulares grandilocuentes en
diferentes medios de comunicación.
La respuesta del Alto Tribunal liberando de responsabilidad
a la institución no deja lugar a las dudas y su resolución
plantea, en un mínimo pero justo análisis las complicaciones
derivadas de la competencia asumida por la Ciudad Autónoma a
la hora de acoger y tutelar a los ahora llamados MENA, antes
transfronterizos.
La demagogia fácil y al uso, tratada irresponsablemente,
determina que a estos Menores Extranjeros No Acompañados, se
les proporcione el mismo trato que a cualquier menor de
nuestra España del estado del bienestar. Algo que sería
ideal, pero la desgraciada realidad indica que estos menores
procedentes mayoritariamente de Marruecos han cultivado unas
vivencias y se han criado en unas circunstancias bien
alejadas del concepto de familia protectora que existe hoy
en día en nuestro país. Por lo tanto, debemos reconocer que
la edad biológica no corresponde, de hecho, -en estos casos-
con la ‘picardía’, por llamarle de algún modo, que han
desarrollado estos jóvenes supervivientes No Acompañados.
Dicho esto, el trabajo de las instituciones se basa en
reeducar en valores a estos jóvenes a los que, de algún
modo, se les ha robado la infancia.
La Ciudad gasta 240 euros al día por cada MENA que guarda y
custodia. No visten de Armani, pero sí están perfectamente
atendidos dadas las circunstancias tan complicadas en las
que se reciben a estos jóvenes que algunos llamarían
“asilvestrados”. Nosotros diríamos de infancia difícil y muy
irregular, según cada costumbre y modo de vida, claro.
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