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El hambre no conoce barreras. Una
máxima que supone mismamente el espíritu de las mafias que,
con una excelente capacidad de improvisación y de adaptación
constante, sacan provecho de las miserias de los más
necesitados; aquellos que buscan su particular ‘dorado’
alejado de las permanentes penurias económicas y/o políticas
de las que huyen.
La falta de escrúpulos es considerable entre quienes forman
parte de cualquier organización cuya actividad se fundamente
en el tráfico de irregulares, sin importarles las
consecuencias que para la vida humana suponen determinadas
prácticas.
La Guardia Civil viene detectando nuevos métodos de
introducción de inmigrantes en Ceuta. Con vehículos
preparados al efecto, la frontera del Tarajal se erige ahora
en punto caliente de permanentes intentos de ‘pases’ como
los sucedidos el pasado día 30 y el del pasado miércoles.
Dos detenidos, uno de ellos, soldado profesional -qué falta
de valores, qué daño a la institución-, fue puesto a
disposición judicial por un ‘presunto’ delito contra los
derechos de los ciudadanos extranjeros.
Las mafias saben que delinquir en España resulta barato,
algo que también conocen los delincuentes de nuestro país.
Pasar a un inmigrante y ser ‘pillado’ por las Fuerzas de
Orden Público puede suponer una sanción o un mínimo de
privación de libertad que, si no se cuentan con
antecedentes, y no superar los dos años de pena lo dictado
por el juez, el castigo queda en absolutamente nada.
Los legisladores deben tomar conciencia expresa del problema
y actuar con celeridad ante esta lacra que supone el hecho
de la proliferación de mafias que trafican con humanos en
este siglo XXI. Deben dar armas suficientes a la Judicatura
como para que estas lamentables prácticas sean condenadas
con dureza.
Entre tanto, el Ministerio Fiscal y, en concreto, el Fiscal
General del Estado tendría que solicitar a sus fiscales
mucha más dureza en la petición de penas para tales
acciones.
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OPINIÓN / EDITORIAL
