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La inmigración es el fenómeno del
siglo XXI. Ya lo fue en las postrimerías del XX para países
como Francia, Inglaterra o Alemania, que vieron cómo sus
poblaciones aumentaban considerablamente de forma más o
menos controlada, pero en el XXI los métodos se masifican.
Las mafias se frotan las manos viendo cómo la globalización
tiene también su repercusión en el llamado tercer mundo, y
estimulados por algún extraño sueño del ‘Dorado’ (la
abundancia material de occidente parece colmarles) arriesgan
sus vidas pagando a cambio cantidades extraordinarias de
dinero, para en el mejor de los casos llegar años después a
la península y comenzar a trabajar de forma precaria en un
país que todavía no se ha acostumbrado a dignificar el
esfuerzo del extranjero, quizás porque tampoco lo hace con
el de casa.
El delegado del Gobierno, Jenaro García-Arreciado, ha vuelto
a sentar las bases de la inmigración controlada en la lucha
contra estas mafias, identificando el “goteo” de ‘ilegales’
como un mal menor que puede asumirse en un país fronterizo
hasta dar en la raíz del problema.
El delegado del Gobierno no quiere que la presión migratoria
entre en el juego político de los partidos, pero esa
voluntad es difícilmente aplicable en el contexto de la
política española. El diputado popular Francisco Antonio
González ha significado que no se puede “obviar” un problema
como el de la inmigración, que ha pasado a ocupar los
primeros lugares de las encuestas en cuanto a la
preocupación principal de los españoles, tachando de
“improvisada” la política que ejerce el Gobierno en esta
materia.
Más allá de este enfrentamiento o de la polémica propuesta
de la distribución de los inmigrantes entre las autonomías,
el delegado subrayó que la inmigración es uno de los cinco o
seis problemas en los que Gobierno y oposición debieran ir
de la mano. Veamos si los partidos políticos ponen de su
parte.
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OPINIÓN / EDITORIAL
