La Comisión Europea considera que la mayoría de las
condiciones que ha impuesto la Comisión Nacional de la
Energía para la fusión de E.ON y Endesa violan la
legislación comunitaria y advierte de que, si confirma su
ilegalidad, el Gobierno español tendrá que retirarlas. Según
indica Bruselas las exigencias de la Comisión para autorizar
la fusión no respetan las reglas europeas sobre libre
movimiento de capitales y libertad de establecimiento. A
partir de este momento, el Ejecutivo central tiene hasta el
día 4 de septiembre para responder a la CE.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, insistió en que las condiciones de la
CNE a la OPA de E.ON “se ajusta a la legalidad comunitaria”
y aseguró que el Gobierno seguirá defendiendo esa posición
ante Bruselas. De la Vega dijo que las conclusiones de la
Unión Europea son provisionales y explicó que las
autoridades españolas y europeas mantienen conversaciones
para intentar acercar posturas.
La Comisión Europea no ha concretado hasta la fecha cuáles
de las diecinueve medidas solicitadas por el organismo
español vulneran la normativa europea.
Condiciones que afectan a Ceuta
Entre otras cosas, la Comisión Nacional de la Energía obliga
a E.ON a la venta de las centrales ubicadas en territorio
extrapeninsular, entre ellas la de Ceuta -junto a las de
Melilla, Ascó I, Baleares y Canarias-.
Recientemente, una delegación de Endesa visitaba al
presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, y le
comunicaba la intención de la eléctrica de seguir con sus
planes de expansión en Ceuta y su deseo de seguir trabajando
en la ciudad.
Por otro lado, habrían de venderse también las centrales que
usan carbón nacional (Compostilla, Andorra y Anllares), y
tendría que ceder la gestión del resto de las nucleares
participadas por Endesa, es decir, en Santa María de Garoña,
Almaraz I y II, Ascó II, Vandellós II y Trillo.
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