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Juan Jesús Vivas recibió ayer al
equipo de 12 bomberos y dos mecánicos que acudieron
voluntarios a tierras gallegas para colaborar en la ola de
incendios que mantuvieron en jaque a la Xunta y el Gobierno
de España en las últimas semanas. El presidente del Gobierno
alabó, como no podía ser de otra forma, el trabajo solidario
de estos profesionales al tiempo que lanzó un apoyo “moral”
a Galicia por las pérdidas sufridas, no sólo a nivel
medioambiental, sino también económico. Unas pérdidas que a
nivel forestal y ganadero se cifran en 245 millones de
euros. Como ya ocurriera en la tragedia del Prestige, una
vez más, el conjunto de las comunidades muestra un decisivo
apoyo solidario con Galicia y acude en la ayuda de esta
región que parece haberse especializado en desastres
naturales con la llegada del nuevo milenio.
Ambas catástrofes, aún respondiendo a causas muy diferentes,
cuentan con varios denominadores comunes. El primero y más
importante es la falta de previsión, que se agrava con el
hecho de que en los dos casos (vertidos petrolíferos y ola
de incendios) había un buen número de precedentes en la
propia Comunidad Gallega. Otro de igual importancia puede
ser la ausencia de una respuesta coordinada y tajante que
solucione el problema al primer atisbo de su gravedad. Sin
embargo el caso actual tiene una connotación más dolorosa.
Mientras que el Prestige vino provocado por la
irresponsabilidad un elemento externo, los incendios de este
verano han sido provocados desde dentro, por la acción o la
omisión de los propios gallegos. Muchos son los intereses
que pueden llevar a la quema de un monte (reconversión del
terreno, venta de la madera quemada, simple venganza...),
pero ninguna justifica un delito que atenta contra todos;
más aún cuando el fuego, una vez se extiende, se vuelve
imprevisible. Que el triste ejemplo gallego sirva, de una
vez por todas, para arraigar las políticas preventivas, que
es donde de verdad se mide el progreso de un país.
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OPINIÓN / EDITORIAL
