|
El Gobierno español argumenta en la carta aclaratoria de la
resolución de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la
opa de E.ON, enviada ayer a Bruselas, que las condiciones
impuestas a la operación persiguen proteger el suministro de
España y considera "infundadas" las dudas de la Comisión
Europea sobre su legalidad.
El Ejecutivo español señala que la decisión de la CNE de
imponer condiciones al grupo alemán para adquirir Endesa
persigue proteger la seguridad pública en España en los
mismos términos reconocidos por la propia Comisión Europea
(CE) y la legislación comunitaria.
E.ON deberá deshacerse de las centrales térmicas de la
eléctrica que utilizan carbón nacional (Compostilla, Andorra
y Anllares), los activos que tiene en Baleares, Canarias,
Ceuta y Melilla, la central nuclear de Ascó I, y ceder la
gestión del resto de las nucleares participadas por Endesa:
Santa María de Garoña, Almaraz I y II, Ascó II, Vandellós II
y Trillo.
La CNE se reserva también la potestad de obligar a E.ON a
vender la eléctrica española si durante los próximos diez
años un tercero compra más del 50 por ciento del grupo
energético alemán E.On tampoco podrá fusionarse con Endesa
en diez años y deberá mantener el domicilio social de la
eléctrica en España.
Según indicaron fuentes conocedoras de la misiva, el
Ejecutivo destaca que todas las condiciones respetan los
principios comunitarios de proporcionalidad, no
discriminación y se ajusta a las normas de libre circulación
de capitales y derecho de establecimiento.
|
INDUSTRIA / ENERGÍA ELÉCTRICA
