Acaba de recordar, nada menos que el Tribunal
Constitucional, que “Ceuta ni es Autonomía ni está dentro de
una Autonomía” y, además, ha fallado a favor de que el
Estado mantenga las competencias de urbanismo, resolviendo
así la reclamación formulada por el Gobierno de la Ciudad
auspiciada por el Grupo GIL cuando éste se quedó sin el
traspaso urbanístico al quedar rescindidas estas
competencias por el Gobierno Central tras la incorporación
de una Ley de Acompañamiento en los Presupuestos Generales
del Estado del año 2.000.
Pero ocupándonos de lo que, a nuestro entender es mas
importante, el statu quo político de la Ciudad de Ceuta,
vemos que desde la implantación de la democracia todavía no
sabemos si somos o no una Autonomía. Y, decimos nosotros, si
somos Ciudad Autónoma y disponemos de unos Estatutos, aun
cuando no se pueda llamar Generalidad, Junta, Principado,
etc. porque nunca hemos sido Reino, ni Comunidad Histórica,
ni Región ni siquiera Capital, ¿qué es lo que somos?. Lo
decíamos en nuestra colaboración de meses pasados cuando
comentábamos que, aun con muchos recortes, por decisión de
los dos grandes partidos de nuestra nación que no se
atrevieron o no quisieron, se nos impidió que fuéramos, en
todo el sentido de la palabra, una Autonomía, legislando
algo especial, autonomía descafeinada, light, desnatada o
como queramos llamar a esa norma para gobernarnos que no nos
concede competencias en materias que sean viables y atañen
al desarrollo normal de las actividades de la Ciudad, como
podrían ser la Promoción y Ordenación del Turismo; Casino,
Juegos y Apuestas; Industria; Cooperativas y entidades
asimilables; Publicidad, Carreteras y Caminos; Ordenación
del Territorio, Vivienda, Cultura, Museos, Archivos y
Bibliotecas, etc. por citar algunas y, encima de todo ello,
en relación con la organización, estructura y funcionamiento
de sus instituciones de auto-gobierno como disponen las
autonomías uniprovinciales, carecemos de capacidad
legislativa y, por consiguiente, de un órgano judicial de
ámbito regional. Ya hemos comentado en otra ocasión que
quienes apoyados en un conflicto ahora resuelto por el
Tribunal Constitucional, solicitaron un informe preceptivo y
vinculante del Ministerio de Fomento en que se contemplara
que las competencias en materia de urbanismo correspondieran
a la Ciudad como entidad municipal, son ahora los llamados
(nuestros parlamentarios en el Congreso y Senado y otros
miembros del Partido Popular como nuestro Presidente
asesorado por Sr. Olivencia que intervino en aquella
rescisión, así como el Sr. Encinas, diputado por Cádiz,
representante de la Ciudad en el Congreso de los Diputados,
y demás dirigentes del P.S.O.E.) a deshacer el entuerto con
objeto de que se restituya la normativa de aprobación de los
citados Planes y de sus modificaciones o revisiones, previo
informe, como está legislado, del Ministerio
correspondiente.
Habría que recordar, también, a la ministra de la Vivienda
Maria Antonia Trujillo si ya ha tenido tiempo de “estudiar
la petición que se le formuló por Ceuta y Melilla de
recuperar las susodichas competencias” según prometió en su
visita a esta Ciudad en enero pasado, aparte, claro está, de
recabar de todo el colectivo (representantes del Gobierno,
parlamentarios, Alcaldes-Presidentes de las dos Ciudades,
etc.) que, con toda la contundencia que quepa, se solicite
de las altas instancias de la nación el reconocimiento de
nuestra Autonomía porque, si no, seguiremos con la
interrogante de ¿qué es Ceuta?.
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