Desde la creación del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil
durante el Reinado de Isabel II en el año de 1844 como
Cuerpo de Seguridad Pública de “naturaleza militar” en lo
funcional (organización, disciplina, material, personal y
percibo de haberes ) y pudiéramos llamar civil por su
dependencia del Ministerio de la Gobernación, antiguamente,
y en la actualidad el Ministerio del Interior (en lo
referente al servicio), hasta la promulgación de la Ley
42/99 que contemplaba el nuevo Reglamento del Cuerpo,
posteriormente en el año 2002 la Composición del Consejo
Asesor y, por ultimo, la Resolución de 2006 por la que se
establecían las Elecciones al citado Consejo Asesor, siempre
se ha mantenido el carácter militar de su estructura.
Dicho Consejo Asesor centra su labor en los análisis y
valoración de las propuestas o sugerencias que los guardias
civiles realicen directamente al mismo, referidas al régimen
de personal, a la “condición de militar” y a todos aquellos
aspectos salariales que les afecten. O sea que, con el
Consejo Asesor, no desaparecía el reglamento sancionador por
insumisión o indisciplina ni, tampoco, el trato abusivo (nos
referimos a condiciones laborales no personales, claro está)
de que ha venido siendo objeto la Guardia Civil por ese
carácter militar. Y así tenemos que otros Cuerpos de
Seguridad (la Policía Nacional o la Policía Local) vienen
disfrutando, mas los segundos que los primeros dados los
convenios colectivos que pactan, unas condiciones económicas
mucho mas altas tanto en salarios como en otras
remuneraciones o atenciones sociales (pagas extraordinarias,
vacaciones, permisos por asuntos propios, horas
extraordinarias -¿cuándo se concederá a los miembros de la
benemérita una compensación económica por las horas
extraordinarias que realizan?-), etc. reivindicaciones todas
que en el Consejo Asesor han expuesto sus integrantes pero
que aun no han podido lograr siquiera sea una mínima parte
de las mismas. Aunque el Consejo Asesor “nació como un nuevo
cauce de comunicación interna que permitiría conocer los
problemas e inquietudes del personal de una forma rápida y
eficaz” está visto y demostrado que sus resultados no han
sido todo lo efectivos que hubiera deseado el importante
colectivo de servidores públicos que constituyen el
Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil que, a pesar de los
pesares, de los roldanes de turno y de cualesquiera otras
circunstancias negativas, siguen contando con el general
aprecio y reconocimiento a su labor de la colectividad
española, por lo que estimamos justa la abolición de su
carácter militar y su derecho a la huelga y manifestación,
como tienen hasta los componentes de la Justicia, cauce para
la defensa de sus derechos laborales del que disponen todos
los ciudadanos de este país, a excepción, como ya ha quedado
dicho, de los pertenecientes a la Guardia Civil. Es por ello
que ha llegado el momento, según sus integrantes, en que no
hay más remedio que emplear el consabido método de la
manifestación como la que llevaron a cabo días pasados en
Madrid más de diez mil Guardias Civiles para acabar con el
trato discriminatorio –a remolque siempre de la Policía
Nacional por no disponer de entidades sindicales ni
organizaciones profesionales-, que vienen recibiendo por
parte de todos los gobiernos de la democracia española que
se han venido amparando en el “carácter militar” del Cuerpo
para imponer su ordeno y mando.
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