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Ceuta asume, hace un tiempo, las
competencias en el área de menores, un paso adelante que le
obliga a gestionar la asistencia de los jóvenes ceutíes que
no han cumplido los 18 años y se encuentran en situación de
riesgo o penados por la ley. Por lo tanto, el Ejecutivo
local presupuesta cada año una partida destinada a la
atención de los centros de acogida y todo tipo de
actuaciones relacionadas con la inserción social de los
chavales. Hasta aquí todo parece correcto. Entonces, ¿qué
motiva la queja a la Administración central del Gobierno
autonómico? La Corporación que preside Juan Jesús Vivas
demanda simple y llanamente más partidas económicas de parte
de Madrid. ¿Por qué? Porque, según asegura la Dirección
General de Menores, la realidad asistencial de Ceuta no se
limita a los jóvenes ceutíes, sino que se extiende a los
menores marroquíes que residen en los centros de la ciudad.
Actualmente rondan el medio centenar, una situación si se
quiere estable respecto a ejercicios anteriores. Para su
atención se demanda el dinero. La Ciudad Autónoma asegura
que no puede sufragar los gastos con la aportación estatal
actual: 1,7 millones frente a los 8,5 que aporta el
Ejecutivo ceutí. El Plan de Repatriación de Menores está
íntimamente ligado a esta cuestión. La Ciudad no puede menos
que tomar con distancia la construcción de centros de
menores en el norte de Marruecos, porque la iniciativa lleva
en el tintero muchos meses. El silencio de la Administración
central ‘exaspera’ a una Administración local que empieza a
considerar que la urgencia con que se planteó la medida en
el mes de diciembre no lo es tanto. Además habría que
concretar cómo se repatrían a estos menores: si de forma
directa, a través de las autoridades marroquíes o de
instituciones intermedias. El Plan implica a los dos países,
de ahí que se abordara en la cumbre hispano marroquí que se
ha celebrado este fin de semana. Todavía no hay conclusiones
al respecto. El asunto de Menores sigue como estaba: parado.
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OPINIÓN / EDITORIAL
