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El sindicato de la enseñanza CSI-CSIF ha hecho pública su
petición al Ministerio de Educación de un protocolo de
actuación ante las agresiones al profesorado. El colectivo
plantea una serie de medidas concretas que se deberían
seguir ante un caso de violencia hacia el personal docente.
El protocolo que se solicita incluye la puesta en marcha
“automática” de un servicio jurídico costeado por la
Administración; en segundo lugar, tiene que elaborarse un
informe médico “en caso de que la agresión sea física” y
debería prestarse un servicio de apoyo psicológico si fuera
necesario. Finalmente, para la vuelta al trabajo, el
sindicato solicita “fórmulas que permitan el reingreso de la
forma menos traumática”.
CSI-CSIF ha contextualizado las agresiones al profesorado en
la Ciudad Autónoma y, además del protocolo de actuación,
demanda una serie de medidas para localizar las causas de la
violencia y defender a los docentes. Por una lado, potenciar
la acción tutorial; reforzar los departamentos de
Orientación “incrementando su dotación de personal e
incluyendo trabajadores sociales”; crear estructuras
específicas de “mediación escolar”;elaborar Planes de
Convivencia específicos para cada centro o atender a las
causas de la marginalidad.
Reducción del ratio
La reducción del ratio de alumnos por clase es otra de las
cuestiones prioritarias para el sindicato que considera que
mejoraría la situación del profesorado frente a la violencia
en las aulas. “Los actuales ratios fueron establecidos
cuando la diversidad del alumnado era radicalmente
distinta”, apunta CSI-CSIF, que extiende sus
reivindicaciones al ámbito familiar: “los padres y tutores
abonarán los desperfectos ocasionados”. Mayor capacidad para
aplicar medidas disciplinarias, un servicio de atención al
docente o implantar un seguro de responsabilidad civil son
otras de las peticiones sindicales.
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educación
