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ACTUALIDAD - SÁBADO, 22 DE ABRIL DE 2006


jerónimo nieto. el pueblo.

asuntos sociales / dotación económica
 

Ceuta recibirá un millón para encauzar la Ley de Dependencia

La Ciudad percibirá otro millón de euros para desarrollar planes de corte social. La partida pondrá en marcha ‘proyectos piloto’ de la normativa
 

CEUTA
Mada M.
madamartinez@elpueblodeceuta.com

La Ley de Dependencia entrará en vigor a lo largo del primer semestre de 2007, pero la envergadura de la normativa obliga a detallar la dotación económica con antelación. El Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, dotar a la Ciudad Autónoma de Ceuta con un millón de euros para encauzar la ley, además de 1.082.837 millones de euros para la puesta en marcha de programas sociales. El Estado pretende así impulsar económicamente la normativa, que prestará asistencia a toda persona en situación de dependencia del país. Se trata de poner en marcha ‘proyecto piloto’ que ayuden a sentar las bases de la futura Ley de Dependencia. La distribución de las partidas fue acordada hace unos meses en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, un encuentro en el que cada comunidad autónoma detalló sus necesidades. Además, en la reunión de ha tenido en cuenta un ‘índice de dependencia’, una cifra a la que se ha llegado por acuerdo entre Gobierno y Comunidades Autónomas, que es producto, según señala el Ministerio de Trabajo de “los criterios seguidos en el reparto de créditos de los Planes de Acción de Personas Mayores y de Personas con Discapacidad”.

Dotación para Ceuta

A partir de estos datos, se ha acordado la dotación del millón de euros para encauzar la Ley de Dependencia en Ceuta y de la cantidad para poner en marcha actuaciones de corte social. En conjunto, el Gobierno central destina al impulso de la Ley de Dependencia 200 millones a repartir entre las autonomías. Esto supone un incremento del 300% respecto a las partidas de 2005, que residían en un Fondo creado específicamente por la Administración central para financiar proyectos piloto antes de la entrada en vigor de la normativa.

La ley movilizará servicios sociales y sanitarios existentes y promoverá la creación de otros nuevos. La dotación viene a cubrir los cimientos de todo este movimiento, que, en primer lugar, exige determinar los diferentes grados de dependencia, la aplicación asistencial en persona o a través de una ayuda económica, y un largo etcétera de cuestiones.

El Consejo de Ministros aprobaba ayer también dotar a Ceuta con más de un millón de euros para cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía y procurar apoyo a la cobertura técnica de las corporaciones municipales, con la Ciudad Autónoma entre ellas. Ceuta recibe la menor cantidad en relación al resto de territorios estatales, aunque la partida se justifica a través de criterios compartidos entre la Administración central y los ejecutivos autonómicos.

En total, 221 millones para todo el país, que financiarán proyectos como el Plan Concertado, el Plan de Desarrollo Gitano, el Plan de Erradicación de la Pobreza, el Plan de Voluntariado, la atención a la Primera Infancia, Programas de Apoyo Familiar, medidas para menores infractores e infancia maltratada y los planes estrella: el Plan de Acción para Mayores y el Plan de Acción para Personas Dependientes.
 


Servicios de atención a domicilio, teleasistencia y residenciales

La Ley de Dependencia prevé asistir a la ciudadanía que lo necesite a través de diferentes servicios, tanto presenciales como económicos. Teleasistencia por un lado; servicios domiciliarios que incluyen atención a las necesidades del hogar y cuidados personales; centros de Día y de Noche (para mayores y menores de 65 años); así como un servicio de Centro Residencial, que prestaría apoyo a los diferentes grados de dependencia que se delimiten. Si algún adjetivo se ha repetido mil veces para calificar la Ley de Dependencia es el de ambiciosa. Andalucía encabeza el listado de dotaciones económicas con más de 34 millones de euros. En segundo lugar se encuentra Cataluña, con 31 millones de euros, seguida de la Comunidad de Madrid, con casi 23; Comunidad Valenciana (22); Galicia (más de 17); Castilla y León (16,7); y Castilla La Mancha, con 10,5.
 

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