El Pleno de la Asamblea aprobó ayer con los votos a favor de
los diputados del Partido Popular la concesión del servicio
de recogida de pilas y baterías usadas y su posterior
transporte a la Península. La propuesta presentada por la
consejera de Medio Ambiente, Carolina Pérez, se enmarca
dentro de un programa de recogida que se puso en marcha en
el año 2003 y que los portavoces de los grupos
parlamentarios de la oposición cuestionaron. Mohamed Alí,
líder de la Unión Demócrata Ceutí, recordaba a la consejera
que “desde 2003 han sido muchos los avances tecnológicos que
se han producido y no sabemos si hay previsión para
solventar este temporal”. Según Mohamed Alí, el Gobierno
local plantea una gestión indirecta cuando se ahorrarían
muchos más costes si fuera la propia Ciudad quien asumiera
dicha gestión. A este respecto, la consejera de Medio
Ambiente, explicó ante el Pleno de la Asamblea que “es algo
imposible puesto que se trata de un residuo peligroso y la
Ciudad no tiene personal preparado que pueda llevar a cabo
este tipo de actuaciones”.
Desde la oposición se planteaba también la posibilidad de
que la empresa de limpieza Urbaser asuma el servicio de
recogida de pilas, algo poco probable ya que, según Pérez,
“no está contemplado en su pliego de condiciones”. “No es la
primera vez que se modifica un pliego de condiciones en una
sesión plenaria”, respondía Mohamed Alí.
La secretaria general del PSOE ceutí, María Antonia Palomo,
denunciaba irregularidades en el pliego de condiciones que,
según explicó, “indica que se instalarán cinco contenedores
y líneas más abajo explica que se se instalará un contenedor
por cada 10.000 habitantes por lo que estaríamos hablando de
74 contenedores más los diez que se colocarán en la vía
pública”.
El coste de esta concesión asciende a los 39.000 euros
aunque, según explica Palomo, el pliego de condiciones
indica que “el precio se va a hacer según el peso por lo que
necesitaríamos un estudio medioambiental y otro económico
que nos diga lo que nos va a costar porque puede que sea un
coste mayor al previsto”. A pesar de las diferencias de
opinión la propuesta se aprobó con los votos a favor de los
diputados populares.
Decretos
El orden del día incluía dar cuenta a los decretos
correspondientes a mes de marzo, desde el número 2.537 hasta
el número 4.177. En este punto, la secretaria general del
PSOE cuestionó al consejero de Presidencia, José Luis
Morales, acerca de la elaboración de un informe psicológico
para analizar los malos tratos que puedan sufrir los menores
en los diferentes centros de la ciudad. Según Palomo, “la
elaboración del informe se ha otorgado a un maestro, que no
dispone de los conocimientos necesarios, únicamente para
quedar bien con Trabajo y Asuntos Sociales”. La pregunta se
responderá por escrito.
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