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OPINIÓN - MARTES, 18 DE ABRIL DE 2006

 
OPINIÓN / EL MAESTRO

La LOE, excepticismo

Por Andrés Gómez Fernández


La nueva Ley Orgánica de Educación, la LOE, ya ha sido aprobada, pese a que sólo contó con el apoyo de poco más de la mitad del Congreso. La sexta reforma educativa en España desde el comienzo de la democracia. Volvió a quedar patente que, cuatro leyes escolares en veinte años, no han logrado el pacto que todos los sectores reclamaban, y del que los políticos hablan con más énfasis cuando están en la oposición que cuando gobierna. Tras su paso por el Senado –que no ha servido para nada- la LOE es ya una realidad. La comunidad educativa, que viene reclamando una norma a la que agarrarse, podrá contar ya con un texto con el que poner orden a un empatanado sistema, que lleva sufriendo durante años, los vaivenes políticos. No en vano, esta es la sexta reforma educativa en España durante veintisiete años de democracia.

A partir de ahora, profesores, padres y alumnos lo tendrá claro. Entre las novedades, la creación de Educación para la Ciudadanía, la promoción con dos y hasta con tres suspensos en Secundaria y la posibilidad de repetir dos veces en cuarto, siempre que no se haya consumido las convocatorias en cursos anteriores…

Más de medio millón de docentes se encargarán de aplicar el nuevo modelo entre los cerca de siete millones de alumnos de los niveles de enseñanza no universitarios. Quienes tienen en sus manos la educación, afirman que se trata de una ley de dudosa calidad, y encomiendan a los desarrollos normativos sus opciones de mejorar. Se duda que la reciente aprobada Ley no resolverá el fracaso escolar, ni acabará con la indisciplina, ni, por supuesto, con la violencia que sufren las aulas. Los escépticos profesores, piensan que la ley por sí misma no lo hará y dependerá de otras medidas de desarrollo, de la voluntad de trabajo de los profesores de la colaboración de las familias y de la sociedad en general.

A la aprobada Ley, el Gobierno tendrá que publicar un Real Decreto en el que ponga fecha a cada una de las medidas que contempla la nueva norma y que sacará a la luz antes del verano. Se extiende su horizonte de tiempo hasta el curso 2009-2010. Y hasta dentro de dos cursos académicos los estudiantes de toda España no se verán afectados por las medidas de la reforma.

Se piensa que, con mayor negociación, la polémica Ley, hubiese mejorado. El problema se sitúa en la opción política que pretende el cambio por el cambio. Con tal de modificar las decisiones adoptadas por ele ejecutivo anterior, el Gobierno actual manifestó desde el principio su planteamiento revisionista, que añade un nuevo hito al vaivén permanente al que está sometido el sistema educativo español. Existe desde hace año un clamor social en la comunidad educativa, acerca de la necesidad de un pacto escolar más allá de las coyunturas políticas. El camino emprendido conduce, sin embargo, a la dirección contraria. De hecho, el apoyo parlamentario, como hemos dicho anteriormente, a la nueva Ley, ha sido el mínimo imprescindible para su aprobación, y no es aventurado su poner que la LOE, refrendada después de una larga tramitación, nace como una Ley muerta.

Vendría bien recordar, por su oportunidad, el informe del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de la LOE, en el que advertía la ausencia de justificación para derogar la legislación anterior que ni siquiera había llegado a entrar en vigor, porque el actual partido mayoritario en la oposición , no actúo con el apremio del Gobierno actual, de forma que la LOCE, aprobada al final del segundo mandato del gobierno anterior se reflejaban las soluciones a buena parte de los fracasos contrastados del sistema educativo, LOGSE. Además, el Consejo de Estado lamentaba la indiferencia de la nueva Ley por “la educación en el mérito y la capacidad individual”, o, “la confusión del esfuerzo individual” con “tareas colectivas”.

El comentario de un comprometido profesor, que previamente se cuestiona hasta cuándo durará la LOE, va en ese sentido: “La LOE es una mala Ley. No resuelve los inconvenientes de la LOGSE, puesto que continúa sin estimular el esfuerzo de los alumnos, no potencia la autoridad de los profesores, no garantiza a los padres la libertad de elección del tipo de educación que desean para sus hijos y condena a muerte la Religión, al no permitir su validez académica ni que tenga alternativa. Y encima permitirá la manipulación ideológica de los alumnos a través de la nueva asignatura de Ciudadanía. Parece que ha primado más el afán de igualdad –que no tiene por qué identificarse con la equidad- que la libertad, la autonomía y la búsqueda de la excelencia, que no representa a todos, y que la Sr. Ministra de Educación, no está en lo cierto cuando afirma que “es una ley que nos va llevar tan lejos como queramos”. ¡Al precipicio!”

Es comprensible que padres y profesores hayan mostrado suposición a una ley -recordamos las manifestaciones de protesta llevadas a cabo por movimiento LOE-NO- que es incoherente con la importancia teórica que tiene la enseñanza pública para el Gobierno actual. En un tiempo en el que hay que hacer frente a la expansión de la violencia escolar, del aumento del consumo de drogas y alcohol, del incremento de fracaso académico, de la pobre situación comparativa de España respecto de los demás países europeos, de la desmotivación del profesorado y de la desorientación de la familia ante el problema de los hijos, la nueva Ley ha apostado por embarcar al sistema educativo público en una nueva etapa de inestabilidad y decadencia.

Sustituir a la Ministra de Educación y Ciencia, al día siguiente de la aprobación definitiva por las Cortes Generales de la LOE, supone el reconocimiento de un fracaso sin paliativos. Todo queda ahora en manos de su sustituta, persona con buen currículo académico y que cuenta con toda la confianza del Sr. Presidente. Es el momento de demostrar su valía. Casi toda la tarea está por hacer. El desarrollo reglamentario y el calendario de aplicación de la LOE son tareas urgentes, aunque tenemos la impresión que todo su esfuerzo lo va a dedicar a reformar la Ley de Universidades, donde también hay mucho descontento con lo hasta ahora proyectado.
 

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