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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF)
ha salido también al paso de las declaraciones del ministro
de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en las que
afirma que “los funcionarios no tendrán un puesto asegurado
para toda la vida” y que serán trasladados del mismo si
incumplen sus cometidos laborales. La formación sindical CSI-CSIF
considera “inadmisible” un planteamiento sobre este tema
puramente disciplinario y en negativo, “hablando solamente
de traslados de puestos de trabajo ante evaluaciones
negativas sobre el desempeño profesional”.
“Lamentamos que una ley tan importante como este Estatuto
Básico tanto tiempo demandado y que ya llega tarde se esté
reduciendo a una discusión sobre la evaluación del trabajo
desarrollado por los empleados públicos. Quizás para esto no
hiciera falta una ley”, explica el sindicato a través de un
comunicado.
CSI-CSIF reconoce desconocer las intenciones del ministro
“al vender a la opinión pública, en plena negociación, una
situación disciplinaria que ya está contemplada en la
legislación”.
CSI-CSIF defiende que en la negociación del futuro estatuto
exista un instrumento de gestión como la evaluación del
desempeño vinculado a la carrera profesional y a unos
requisitos de productividad negociada, pública y evaluada
objetivamente. “En este sentido creemos que la evaluación
del desempeño tiene que tener consecuencias positivas,
motivadoras y estimulantes para el empleado público que
preste su servicio, profesionalidad y dedicación. Y no
servir, como manifiesta el ministro Jordi Sevilla, para
castigar indiscriminadamente, denigrando con sus palabras a
los servidores públicos, que son casi 2,5 millones de
trabajadores”.
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FSP-UGT exige criterios objetivos y transparencia en la
evaluación
La Federación de Servicios
Públicos (FSP) manifestó que no admitirá en el futuro
Estatuto Básico sistemas de evaluación que premien o
castiguen discrecionalmente a los empleados públicos, sino
métodos que permitan desarrollar una verdadera carrera
profesional. Los procedimientos de evaluación “deberán estar
directamente relacionados con el puesto de trabajo que se
desempeñe y con niveles de medición verificables y
transparentes”.
Esta formación reivindicará que el Estatuto contemple la
negociación previa con los sindicatos de los criterios y
metodología de cualquier forma de evaluación. “De esta forma
se garantiza que el sistema que se adopte irá encaminado a
motivar a todos los empleados públicos en el desempeño de
sus funciones. Las administraciones deben adoptar un sistema
presidido por la objetividad, la transparencia y la
publicidad para garantizar las previsiones constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad en el desempeño de las
funciones públicas”, explica el sindicato a través de un
comunicado.
FSP-UGT entiende que la evaluación debe proporcionar una
descripción exacta del modo en que el empleado desempeña su
trabajo.
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administración pública / reforma
estatuto
