|
Todos los colegios de abogados
ubicados en las mismas localidades que las sedes desplazadas
de las Audiencias Provinciales han puesto el grito en el
cielo dado que desde el pasado 25 de mayo las causas
seguidas sobre Violencia de Género se practican en una
sección especializada en la sede central de la Audiencia
Provincial de Cádiz, lo que se traduce como un alejamiento
de la Justicia sobre los ciudadanos.
De modo que, ante un caso de ‘malos tratos’ el denunciante,
el denunciado, los testigos, los abogados... tendrán que
desplazarse desde Ceuta hasta la capital gaditana para los
juicios y eso redunda en pérdidas de tiempo y complicaciones
extra cuando en época invernal suponga un problema añadido
cruzar el Estrecho ante inoportunos vientos de levante que
impidan el trayecto bien hacia la península, bien de vuelta
a casa.
Los abogados de los colegios afectados: Ceuta, Melilla,
Vigo, Santiago de Compostela, Mérida, Algeciras, y Elche se
han unido en la petición tanto al Ministerio de Justicia
como al Parlamento de la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial modificando el artículo 80.3 para evitar más
acuerdos que tiendan a eliminar las competencias a las
secciones desplazadas de las Audiencias Provinciales como la
Sala VI de Cádiz ubicada en Ceuta.
De no lograrlo, la acción que ya se lleva a la práctica
supone un retroceso de la Justicia ante los administrados
que lleva acarreado como consecuencia la crítica absoluta de
los ciudadanos hacia un Poder, el judicial al que paga con
sus impuestos y que no debe quedar al margen de la realidad
de la sociedad sobre la que imparte Justicia. La Justicia no
debe ser injusta y es por este motivo por lo que los
abogados, además de las solicitudes al Ministerio y al
Parlamento, han solicitado la colaboración de los
Ayuntamientos para que representen, también, la voz de sus
propios ciudadanos.
La aprobación de una Ley si afecta más que beneficia, debe
quedar urgentemente modificada. Esa es la responsabilidad,
en este caso, tanto del Poder Legislativo como del Judicial,
cabezas visibles de todo Estado de derecho.
|
OPINIÓN / EDITORIAL
