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Dotar con recursos públicos a los servicios asistenciales
para personas impedidas son los planes de actuación
emergentes contemplados por el actual equipo de Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero, según anunció ayer Matilde
Martín Navarro, secretaria de Bienestar Social de la
Comisión Ejecutiva Federal en su primera visita a la región
autónoma.
Estas propuestas, que tienen su origen en el estudio
riguroso y detallado de la situación actual de las personas
impedidas en el conjunto nacional, “serán aprobadas como
anteproyecto de ley antes de fin de año para su ratificación
en 2006 y su entrada en vigor en 2007”, adelantó Martín
Navarro ayer. En este nuevo reglamento se incluirá un
catálogo de prestaciones comunes y un baremo aprobado con
caracter básico para toda España con la finalidad de
“determinar si una persona es dependiente o no y en qué
condiciones”, subrayó.
El proyecto, que será cofinanciado entre el Estado, las
comunidades autónomas y las administraciones locales,
también será sufragado por los propios beneficiados “siempre
en función de sus condiciones económicas” apuntó Navarro.
La futura Ley de Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia fomentará la creación de 3.000 empleos con una
mayor incidencia en el género femenino, “la mayor implicada
en los cuidados asistenciales y con una media de edad de 52
años” como según especificó la máxima responsable de
Bienestar Social del Partido Socialista tras las
conclusiones extraídas en su ponencia el pasado lunes. No
obstante, éstos son sólo algunas de las ventajas del futuro
proyecto que solucionará el problema del conjunto de la
población española impedida y que no puede valerse por sí
misma. Un agravante que afecta a más de 1.500 personas en
Ceuta y algo más de 1.125.000 personas impedidas o invalidas
en el conjunto del territorio español. El compromiso del
Gobierno de la Nación pasa además por la puesta en marcha de
centros de día, servicios de teleasistencia y plazas
residenciales para los beneficiarios.
Estas declaraciones vertidas por Martín Navarro vinieron
acompañadas de duras críticas hacia el presidente de la
Ciudad, Juan Jesús Vivas, a quien instó a explicar a los
ciudadanos por qué no apoyó la propuesta de financiación
sanitaria del equipo de gobierno “cuando en el año 2002
entró en vigor un modelo de financiacion sanitaria aprobado
por el Partido Popular que establecía los mismos criterios
de reparto y se asignaban menos recursos que ahora”. En este
sentido, María Antonia Palomo, secretaria regional del
Partido Socialista, que acompañó a Navarro durante su
estancia a Ceuta.
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SANIDAD / PROYECTOS
