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Desde que el Gobierno de la Nación
dio a conocer su propuesta para paliar el déficit endémico
que supuestamente tienen los sistemas sanitarios públicos
del país, las respuestas no se han hecho esperar por parte
de cualesquiera que sean los afectados. Sin duda, la Sanidad
Pública española, y en particular la ceutí, necesita un
impulso para llegar a los niveles de bienestar social que
merecen los ciudadanos. Al final, unos y otros no acuerdan
más que mirar por sus intereses políticos y se olvidan de
defender unos derechos que se recogen constitucionalmente y
que afectan directamente al contribuyente. La partida del
pasado sábado aún está por tener ganador, pero mucho se
temen los votantes que sus papeletas sólo sirven para que
las críticas ondulen en un oleaje en el que las cosas aún no
parecen estar demasiado claras.
Ni los presidentes opositores al modelo de financiación
sanitaria propuesto, ni los líderes regionales que apoyan al
mentor de tan descomunal proyecto parecen haber hecho los
deberes sobre un tema tan serio como es la salud de los
ciudadanos que pueblan un país. Una vez más, la unanimidad
brilla por su ausencia y el consenso será una utopía en el
desahogo que supondrá la reunión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera que se celebrará mañana. Por lo pronto,
la Ciudad llevará un ‘no’ por delante que permanecerá
impasible.
Todos se alejan de las perspectivas del resto y lo que a
primera vista son congruentes disertaciones se transforman
en elocuentes tramas; lo que en principio son discrepancias
políticas se truecan en inmemoriales rencillas partidistas.
Los partidos continuarán vertiendo lindezas los unos sobre
los otros, los ciudadanos seguirán preguntándose qué hay de
las soluciones y el sistema sanitario se estabilizará en su
declive. Después de semanas de discusiones, aún seguiremos a
vueltas con la tan temida financiación sanitaria.
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OPINIÓN / EDITORIAL
