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Que la ciudad de Ceuta tiene un déficit importante en
materia de vivienda es algo de sobra conocido. La situación
en barriadas en donde abunda la infravivienda, las
edificaciones ruinosas, la ocupación ilegal o la
proliferación de familias en pequeños habitáculos trata de
ser paliado, con dificultades, a través de convenios con el
ministerio de Vivienda para la construcción de edificaciones
de protección oficial. Esta situación se ha visto agravada
en los últimos meses con el conocimiento, por parte de la
Ciudad, de la intención de Defensa de desalojar un perímetro
de 64 hectáreas y que incluye las zonas de Loma Larga y Loma
Margarita, para el reagrupamiento cuartelario en una Base
Única.
Esta medida, sin duda beneficiosa para la ciudad, que
dispondrá de suelo militar liberado para otros usos, y para
el ejército, que se encontrará con todos sus servicios
unificados, cuenta con el inconveniente de una mala
planificación y coordinación entre administraciones, que no
han previsto que un número de entre 50 y 80 familias de
recursos económicos bajos, se verá en la calle en un plazo
de unos tres meses.
“La situación de estas personas es variada, unos están
viviendo arrendados, otros con una cesión de dominio
público, algunos ocupan parcelas de forma ilegal. El caso es
que la ciudad se va a encontrar con un grave problema social
sin tiempo para la actuación”, explica Francisco Márquez de
la Rubia, director general de la Vivienda.
Cuando la Ciudad es informada de la intención de desalojo
por parte de la Comandancia General, Emvicesa realiza un
extenso informe y lo dirige al ministerio de Vivienda,
pidiendo los consiguientes recursos ante la imposibilidad de
dar una respuesta integral en los plazos marcados. La
respuesta de Vivienda fue nula.
Las reuniones entre Emvicesa y la Comandancia General
también fueron y siguen siendo frecuentes. La entidad local
quiere que el ritmo de desalojos sea paulatino para que se
pueda ir reubicando a las familias en viviendas de
protección oficial. Por el momento, las primeras 30 familias
podrían ser instaladas en otras tantas viviendas de
protección oficial en el barrio del Príncipe. “Este es un
problema acumulativo. Si usamos las viviendas para alojar a
estas personas descuidamos a otros colectivos a los que iban
originariamente destinadas: jóvenes, jubilados, personas con
rentas bajas...”, explica Francisco Márquez, quien recuerda
que este problema coincide con un año en el que las
inversiones estatales destinadas a vivienda se han reducido
en un 40%.
“Un proceso de esta naturaleza y que afecta a unas 400
personas, debería haber estado mejor planificado. Creemos
que ha habido una grave descoordinación entre los
ministerios de Defensa y Vivienda, que se han despreocupado.
La responsabilidad primera es de Defensa y la última de
Vivienda. Nosotros nos hemos encontrado con un problema
entre las manos sin tener nada que ver”, explica el director
general de la Vivienda, Francisco Márquez de la Rubia.
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La Ciudad Autónoma pide calma y transmite su total
implicación
“La Ciudad de Ceuta está
totalmente comprometida con la situación que vive este grupo
de entre 50 y 80 familias y se les ayudará en todo lo que
sea posible”, comenta Francisco Márquez. “Pedimos
tranquilidad a las familias aunque reconocemos que la
situación es delicada y no sabemos hasta que punto se podrá
realojar a todo el mundo sin la implicación del ministerio
de Vivienda”, comenta el director de la Vivienda.
Las familias, según Márquez, están inquietas y preocupadas,
“ya que no distinguen muy bien los límites adminstrativos
entre Vivienda, el Ayuntamiento y Defensa, y lo único que
quieren es que les den soluciones”.
“Nosotros les mandaríamos un mensaje de calma y les queremos
hacer saber que el problema no lo ha creado la Ciudad, pero
que estamos totalmente implicados en su solución”, concluye
Márquez.
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