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La portavoz del Partido Socialista
de Ceuta, María Antonia Palomo, comparó ayer en el Pleno la
colocación de cámaras en la ciudad con una especie de Gran
Hermano obligatorio al que todos hemos de jugar sin
‘castings’ previos ni el aliciente del premio final. La
comparativa no sería del todo mala si no atendemos a la
verdadera finalidad que tendrán estas cámaras que, lejos de
vigilar el comportamiento de la gente en la vía pública, se
ajustará a tres funciones: el control del tráfico, la
prevención de incendios y la promoción turística del
patrimonio ceutí, enviando imágenes en tiempo real al portal
de Internet destinado a tal fin. Fuera de estos tres usos,
cualquier otra función de las cámaras podría violar el
derecho a la intimidad de los ciudadanos ceutíes.
En ocasiones, el derecho a la intimidad y la privacidad
choca con otro igualmente legítimo y que cualquier Estado
tiene el deber de ofrecer, el derecho a la seguridad y la
integridad de las personas. La frontera entre ambos es
difusa a menudo, pero cualquier población en condiciones
normales optaría antes por la intimidad que por una
seguridad guardada con demasiado celo. Y no presenta Ceuta,
precisamente, unos índices de delicuencia o peligrosidad
tales que fuera necesario tomar medidas de excepción.
Fuera de este debate el problema real es que, según los
socialistas, la instalación de estas cámaras precisa de una
serie de permisos y reglamentaciones muy estrictas que el
Gobierno se ha saltado, bien por precipitación o por
deconocimiento.
La justicia pondrá a cada uno en su sitio si María Antonia
Palomo sigue adelante con el recurso administrativo que
aseguró poner. Y en todo caso, aplicando la normativa
vigente, no hay que sacar de quicio una medida que ya se
aplicó en otras ciudades y que nada tiene que ver con un
‘Estado policial’ o el Gran Hermano de Orwell, sino con la
convivencia y aplicación de las nuevas tecnologías.
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OPINIÓN / EDITORIAL
