La ceutí, Nayat H.A., funcionaria de Correos y la murciana,
Julia M. J., funcionaria de Hacienda, permanecen
encarceladas en la Prisión Preventiva de Los Rosales como
presuntas autoras responsables de un supuesto delito de
tráfico de estupefacientes, después de que el Servicio
Cinológico y Fiscal de la Guardia Civil en el Puerto de
Ceuta detectaran en los vehículos de estas dos detenidas un
total cercano a los 150 kilogramos de hachís, escondidos en
distintos lugares de ambos automoviles.
Como informó El Pueblo de Ceuta en su edición del pasado
sábado, Nayat H. A. de 34 años y al volante de una Chrysler
Voyager escondía entre el salpicadero y los huecos de la
calefacción casi 50 kilos de hachís, por lo que quedó
detenida y trasladada a los calabozos ubicados en la
Comandancia de la Guardia Civil hasta que el Juez decretó su
ingreso en prisión, situación que se hizo efectivo a lo
largo de la tarde del pasado sábado.
Pero si el caso de la funcionaria de Correos llama la
atención, aún más el hecho de la incautación, sólo horas más
tarde de este primer decomiso, de otro alijo al descubrirse
que en el vehículo -un Peugeot 307- ocupado por tres señoras
de mediana edad, entre 48 y 55 años, se escondía nada menos
que una cantidad muy próxima a los 100 kilogramos de hachís.
La instrucción del caso, según fuentes cercanas a la
investigación que se sigue, ha recaído sobre el número 4 de
los de Ceuta cuyo Juez, la magistrada Sierra López determinó
en la mañana del lunes el ingreso preventivo de estas dos
funcionarias en tanto que las otras dos mujeres de las
también detenidas quedaban provisionalmente en libertad.
Inocente o culpable
El caso del vehículo murciano cargado con casi 100
kilogramos de hachís, interceptado en la media tarde del
pasado viernes, lleva aparejado un asunto, cuanto menos,
complicado. Si bien la Juez determinó, en su momento, la
libertad de las otras dos compañeras de viaje, la presunta
autora no se considera culpable-responsable, según los
indicios que ha podido encontrar este diario, en tanto en
cuanto, podría especularse la posibilidad, -que su abogado
deberá demostra- de la presencia de una trama mafiosa que
hubiera podido aprovecharse de la coyuntura y ser los
verdaderos responsables.
Mientras tanto, Julia M.J. que, al parecer, pertenece a una
familia conocida en Murcia, permanece ingresada en prisión
en espera de que la magistrada complete la instrucción y
traspase a los juzgados de lo Penal la documentación
completada al objeto de que que se señale fecha para la
vista oral.
Según fuentes legales consultadas, la pena que podría pedir
el Ministerio Público por un delito de este nivel
alcanzarían los tres años y cuatro meses de privación de
libertad. Pero el caso aún no está cerrado.
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