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El diputado por Ceuta, Francisco Antonio González, ha
manifestado sus dudas acerca de la legalidad con la que se
han seguido los trámites de actuación en los proyectos de
regeneración de las playas del Chorrillo y de La Ribera. El
diputado popular por Ceuta apunta al término ‘regeneración’,
que consiste básicamente “en la restauración o devolución a
un estado primitivo original y natural de un tramo de costa
que se ha visto afectado por alguna acción, generalmente del
hombre”. Según Francisco Antonio González, las obras de
“regeneración” de las playas de la bahía sur de Ceuta no son
tales “puesto que nunca existieron ni en la ensenada de la
Ribera ni en la del Chorrillo playas de arena, sino playas
de cantos rodados propios de perfiles costeros acantilados”.
En estos casos y según el diputado popular, “nos encontramos
clara y evidentemente ante las obras de construcción de una
playa artificial y por tanto nueva. Prueba evidente de ello
es la construcción de dos espigones inéditos creados a base
de escolleras artificiales, de nueva creación y que no
existieron en el lugar jamás”.
Siguiendo este razonamiento, Francisco Antonio González
encuentra la primera de las irregularidades: “la
regeneración de playas no se somete al procedimiento de
estudio de impacto ambiental, ya que se trata de una medida
correctora. Por el contrario la creación de playas nuevas
(artificiales) debe estudiarse desde el punto de vista de su
viabilidad ambiental”.
Impacto
Según Francisco Antonio González, la asociación Septem
Nostra ha denunciado la existencia de especies vulnerables o
protegidas dentro del ámbito de actuación, “ lo que debió
influir en la administración para que las obras no se
ejecutaran”. En concreto, las actuaciones que el diputado
popular por Ceuta apunta que no debieron ejecutarse son las
del del espigón de cierre localizado al oeste de la playa.
“La función de este dique es la de contener la arena
impidiendo que se derrame por el canal del foso de San
Felipe.Técnicamente se denomina barrera de apoyo y para ser
efectiva debería ser lo suficientemente larga e irrebasable.
La barrera proyectada parece corta y rebasable y, al ser muy
fina la arena con la que se construyó la playa, las
partículas se transportan de un lado a otro en suspensión”.
De esta forma y siguiendo la hipótesis del diputado, ha sido
la “lógica y previsible” acción del oleaje, acrecentada por
los últimos temporales de Levante, la responsable de los
desperfectos y no “algún efecto fortuito o de fuerza mayor”.
Facilitado, “eso sí, por un cierre ineficaz”.
¿Emergencia?
Francisco Antonio González se pregunta qué emergencia puede
haber “cuando se trata de corregir un efecto perfectamente
conocido, anticipado y perfectamente predecible”, en
relación a la rápida actuación de la delegación del Gobierno
para construir un espigón permanente. Aquí, según el
diputado, se incurre en la segunda irregularidad, ya que la
tramitación de emergencia, según la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, está prevista para
acontecimientos catastróficos o de situaciones que supongan
grave peligro, “lo cual no es aplicable ya que en este caso
se trata de un proceso gradual y no sobrevenido”.
Según el diputado, esta obra debería encontrarse, dada la
fecha de terminación, en su periodo de garantía. “Esto
quiere decir que el contratista es responsable de los
defectos que, derivados de la construcción pudieran
advertirse. Aunque si las obras fueron consideradas en buen
estado y con arreglo a lo previsto, dado que en caso
contrario no debieron haberse recibido, se puede determinar
que o hay vicios ocultos o existe una grave responsabilidad
de la administración”, explica.
En el primero de los casos, si hay vicios ocultos, y dado
que debe existir una garantía, “se debería haber confiado
las reparaciones al contratista que ejecutó las obras”. En
el segundo caso, “deberían darse las oportunas explicaciones
y depurarse las responsabilidades, amén de rendir cuentas
del gasto público producido”.
Según el político del PP, la delegación está efectuando un
gasto de actuaciones (tanto la contratación de la draga como
la construcción del espigón) que debería ser asumido por la
empresa que efectuó la regeneración, o bien se incurre en un
“despilfarro” que debe ser explicado.
Permiso
Por último, el diputado del Partido Popular por Ceuta,
Francisco Antonio González, apunta que las obras que se
están realizando, “se están acometiendo sin ninguna clase de
proyecto y sin autorización, que yo conozca, de la Autoridad
Portuaria, titular de las aguas y responsable en último caso
del mantenimiento de los canales de navegación de acceso al
Puerto”.
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