La inmigración ilegal infantil y juvenil es, al final del
año 2005, un problema presente en la sociedad española y en
concreto, en Ceuta, dónde han aumentado los casos “en un 50
% en los últimos seís meses”. Es un “obstáculo” que la Unión
Europea, España y Marruecos “deben atajar en conjunto”
porque “todos los extranjeros menores de edad” que hay en la
Ciudad Autónoma “son marroquíes”, así lo asegura el director
general de Menores, Miguel Fabrega. Hasta septiembre, la
tendencia era a la baja, pero, a su juicio, “la
regularización de inmigrantes, el efecto ‘llamada’ y
reciente permeabilidad de la frontera entre Ceuta y
Marruecos” han provocado esta situación que “muy pronto va a
estallarle en las manos a alguien”, augura.
Fabrega advierte de la necesidad de repatriación en todos
los casos de ilegales porque, desde su punta de vista, es
“un eje fundamental” de la política inmigratoria española
porque posibilita la vuelta a su nucleo de origen y,
consiguientemente, a su eje familiar. En este sentido,
asegura que comparte el proyecto de la ejecutiva general en
materia de prevención e intervención a menores ilegales. En
su opinión, la construcción de futuros centros de acogida en
Marruecos ayudará a encontrar “una solución factible a un
problema tan preocupante”.
Centros de formación
En 2004, “justo en el cambio de Gobierno entre Partido
Popular y Socialista”, los directores generales del menor en
Ceuta, Canarias, Madrid y Melilla mantuvieron una reunión
con el ministerio del Interior, en la que se propusieron
varias líneas de actuación, entre ellas, la creación de
centros residenciales y de formación en Marruecos “con un
tratamiento integral”. En su momento, la idea quedó
“aparcada, pero con el cambio de gobierno, se ha retomado,
con nuestro total apoyo”. El plan actual consiste en la
futura construción de cuatro centros de acogida “para 50
personas” en varios puntos del mapa marroquí. Se han
aprobado ya las residencias de Nador y Beni Mellal. “dónde
el porcentaje de menores es más alto” y faltan por
concretarse los dos centros que los gobiernos de Canarias y
Cataluña levantarán en Agadir y Tánger .
Estos espacios ratifican el reciente acuerdo entre España y
Marruecos acerca del memorándum de repatriación que estaba
“en el aire” desde su formulación en 2003. “La idea es dotar
al país de unas infraestructuras que ahora mismo no tienen”;
centros formales para aquellos jóvenes que “se detecte” que
son ilegales, repatriarles a “nivel familiar” y en caso de
no localizar ningún pariente, “siempre habrá un referente
para alojar al menor en las “mejores” condiciones “posibles”
antes de trasladarle a su lugar de origen.
Lo que antes era “como llorar en un desierto” para Ceuta,
lamenta Fabrega, ahora es un situación que tiene
“desbordadas” a provincias como Andalucía, Madrid y
Cataluña, dónde los datos sobre casos de menores ilegales
son “preocupantes” y ya se empieza a tratar “en su justa
medida”. En la reunión, a primeros de diciembre, que el
Consejo Superior de Política de Inmigración mantuvo con los
responsables autonómicos, la secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí informó de las
intenciones gubernamentales y Fabrega asume los nuevos
movimientos de Zapatero como “esperanzadores” porque se
están “se empiezan a tomar cartas en el asunto”, concluye el
director general de Menores.
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