Agentes de la Unidad Rápida de Intervención (UIR) de la
Policía Local irrumpieron ayer por la mañana en el barracón
del Sardinero y detuvieron a un total de 53 inmigrantes que
carecían de documentación en regla. Este solar abandonado ha
servido de refugio, desde hace varios años, a los
inmigrantes que permanecen de forma irregular en la ciudad.
La Consejería de Fomento, que dirige Elena Sánchez, tomará
medidas al respecto para averiguar quién es el propietario
de estos terrenos. La Delegación de Gobierno ha manifestado
que el trabajo en el barracón se hará de forma conjunta con
el Ejecutivo ceutí.
A las ocho y media de la mañana, 16 agentes de la UIR
llegaban al barracón, y montaban una redada. Los efectivos
arrestaron a más de cincuenta personas (que viven allí de
forma habitual) y comenzaron con los traslados al puesto
fronterizo del Tarajal. Hasta cuatro viajes tuvieron que
realizar hasta la zona dada la cantidad de detenidos. Entre
las doce y media y la una de la tarde de ayer finalizaba la
operación policial. Pero no todos los inmigrantes quedaron
en la frontera. Sólo aquéllos que pudieron ser identificados
como marroquíes, alrededor de 35 personas. El resto,
presumiblemente de origen argelino, quedaron en manos de la
Policía Nacional y fueron trasladados posteriormente hasta
las dependencias del Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes de la Ciudad Autónoma.
Delincuencia y quejas
El “aumento de la delincuencia menor” es una de las razones
que han motivado esta redada, así como las continuas quejas
vecinales. Los inquilinos del residencial La Galera, un
bloque anexo al barracón, vienen manifestando su malestar
desde hace varios meses, por las condiciones de insalubridad
del solar (basuras, aguas fecales y ratas han convivido con
los habitantes del Sardinero) y la entrada de los
inmigrantes en la finca.
La situación en el barracón no es nueva, se remonta varios
años atrás. Estas instalaciones han sido utilizadas como
refugio o lugar de paso por muchos inmigrantes irregulares,
en unas condiciones higiénicas penosas. Recientemente, los
propios inmigrantes pedían atención sanitaria ante la
sospecha de que uno de sus compañeros padeciera lepra. En
las habitaciones libres de basura y escombros comían,
dormían y se lavaban.
A pesar de que la mayoría de los inquilinos son de origen
magrebí, la planta baja del edificio ha albergado por lo
general al colectivo subsahariano. Demostrar su procedencia
ha sido una de las cuestiones más complicadas: la
nacionalidad marroquí significa la devolución inmediata a su
país de origen.
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