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Como se había anunciado, CCOO y
UGT tenían previsto formalizar ayer la denuncia del III
Convenio Único para el personal Laboral de la Administración
General del Estado, presentando el correspondiente escrito
en la Oficina de Registro.
Ambos sindicatos han acordado los
objetivos principales para la negociación de este convenio,
que afecta a casi 50.000 trabajadores. Se refiere
fundamentalmente a la devolución de los derechos sustraídos
por las decisiones del Gobierno (empleo, salarios, jornada,
acción social, formación, etcétera); la recuperación del
volumen de empleo perdido, para garantizar los servicios que
la Administración del Estado debe prestar a la ciudadanía;
así como del desarrollo de la carrera profesional y el
sistema de provisión de puestos, acordes con los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, o la
adaptación de la clasificación profesional al Estatuto
Básico del Empleado Público y al marco educativo.
La denuncia de este
convenio, uno de los más importantes del país por el número
de personas afectadas, “tiene mucho que ver con la sensación
que tienen trabajadoras y trabajadores de que el texto
actual ha agotado su recorrido y precisa de una revisión y
mejora en profundidad. Pero también, y sobre todo, es
consecuencia de los reiterados incumplimientos del convenio
vigente por parte del Gobierno y la imposición de un
deplorable esquema de negociación que ha impedido su
desarrollo”, explican.
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sindical
