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Desde estas páginas siempre se ha
defendido que la inmensa mayoría de los propietarios y
constructores de viviendas ilegales conocían perfectamente
su ilegalidad y pese a ello se han aprovechado de la
connivencia activa o pasiva de la Administración. Y este es
el caso de Hassan, cabeza de familia de la vivienda de tres
plantas demolida en el día de ayer y que fue construida en
2009 al margen de la ley, levantada sin licencia de obra ni
posibilidad siquiera de disponer de ella por tratarse de un
terreno no urbanizable destinado a zona verde, en Agrupación
Fuerte, en el barrio del Príncipe Alfonso. Como así lo
reconoció el propio Hassan ante el juez, quien afirma que
“era pleno conocedor de que la obra era ilegal y de que allí
no se podía construir”.
Y por esta razón hemos venido
reiterando que la única solución eficaz contra las
construcciones ilegales son las demoliciones, como la
realizada en el día de ayer en el Príncipe: nadie se hace
una casa si sabe que la del vecino se la echaron abajo y
perdió toda su inversión. A no ser, claro, que una vez
derribada la vivienda ilegal, las autoridades prometan la
adjudicación directa de una vivienda de protección oficial,
ya que en ese caso el efecto disuasorio desaparecería, dando
paso de nuevo al ‘efecto llamada’.
Por otro lado, una vez
demolida la vivienda y analizado el caso de Hassan, cabe
preguntarse ¿comó es posible construir una vivienda de esas
características sin que las autoridades sean capaces de
paralizarla antes de su terminación?, ¿comó es posible que
se tarde seis años en proceder al derribo de una
construcción ilegal?, ¿cómo han estado pagando el catastro
si la vivienda era ilegal? y ¿cómo una familia sin recursos
puede puede levantar un inmueble de tres plantas?
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OPINIÓN / EDITORIAL
