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Podemos Ceuta hizo hincapié este domingo, a través de nota
de prensa” que “todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, añadiendo que
“los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias
y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo
este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo
con el interés general para impedir la especulación. La
comunidad participará en las plusvalías que genere la acción
urbanística de los entes públicos”.
Podemos denuncia que “esto es lo que dice el artículo 47 de
la Constitución Española de 1978. No es necesario apuntar a
que la realidad es muy diferente a la formalidad escrita”,
lamentan.
Para la formación de Pablo Iglesias “pese a lo dictado por
nuestra ley de leyes, el gobierno del Partido Popular no ha
sido capaz de garantizar el derecho a la vivienda digna”,
añadiendo “no olvidamos que tanto PP como PSOE se
vanagloriaban de que España construía más pisos que
Alemania, Francia e Italia juntos, un disparate que nos ha
conducido a la situación actual: miles de personas sin casa
y millones de pisos vacíos en manos de las entidades
financieras.
Cuando desde Podemos hablan de “blindar los derechos
sociales” afirma referirese “a que una cuestión como el
derecho a una vivida digna debe tener el mismo peso en la
Carta Magna que los derechos civiles y políticos, esto es,
que el Gobierno de turno debe tener la obligación por ley,
no ya de promover las condiciones necesarias para el
ejercicio efectivo de tal derecho, sino de garantizarlo,
algo que podría hacerse, por ejemplo, a través de la
seguridad de una alternativa habitacional en caso de
desahucio o del blindaje de un porcentaje del PIB destinado
a este tema en la Constitución”.
En nuestra ciudad “hemos asistido a como el Gobierno local
ha hecho hincapié, en multitud de ocasiones, en las
viviendas construidas de forma irregular”, subrayan los
respresentantes de Podemos.
Podemos expone que en lugar de apuntar a las causas que
producen que tantas personas se vean obligadas a “buscarse
la vida” de esta forma, “optan por su criminalización, una
forma burda y censurable de esconder las vergüenzas de un
Ejecutivo incapaz, por ineptitud o desidia, de cumplir con
la legalidad, con la labor de que todos los ciudadanos bajo
su responsabilidad puedan acceder a una vivienda de calidad.
Esta situación debe terminar. Y para nosotros es una
prioridad que así sea”, concluye.
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