Tenemos que entender la política como la máxima expresión
del compromiso con tu país y con tus conciudadanos. Quien se
dedica a la política lo hace, y lo debe hacer, por y para
los demás. La mejor forma de legitimar la acción política es
reivindicar, y exigir, ejemplaridad a los servidores
públicos. Por eso debemos emplear toda la contundencia
contra aquellos cuyos actos de corrupción menoscaban la
confianza de los españoles en nuestra democracia
representativa y deterioran la imagen de nuestro país.
Los graves casos de corrupción que
España ha venido arrastrando han supuesto un grave daño a la
confianza en los partidos y en las instituciones.
Conscientes de la necesidad de
reforzar los controles y de profundizar en la rendición de
cuentas, el Gobierno del Partido Popular ha trabajado en un
doble frente: aumentar los medios materiales y personales
para ser más eficaces en la lucha contra la corrupción y
aprobar reformas legales para mejorar los mecanismos de
prevención, control y sanción. Todas las reformas en materia
de regeneración democrática han tenido un objetivo
prioritario: garantizar que ‘quien la hace, la paga’.
Incluso con su propio patrimonio, hasta devolver lo robado,
para que vuelva a revertir en la sociedad.
Somos el Gobierno que más medidas
y más reformas ha acometido para prevenir, perseguir y
sancionar la corrupción. Si las medidas que ha impulsado el
Partido Popular en esta legislatura hubieran estado antes en
vigor, la mayoría de casos que hoy alarman a los españoles
no se hubieran producido porque tendríamos mejores
herramientas para detectar y frenar a los corruptos.
La regeneración democrática ha
sido uno de los ejes principales del programa reformista del
Gobierno. Ahora, hay más derechos para los ciudadanos, como
el refuerzo del acceso a la información pública recogido en
la primera Ley de Transparencia de nuestra democracia, que
ha puesto a disposición pública más de 850.000 registros de
datos que ya están disponibles en el Portal de la
Transparencia, y que incluyen desde personal y
remuneraciones hasta procesos de contratación y
subvenciones. Todo queda bajo la lupa de los ciudadanos para
que conozcan y controlen el destino del dinero de sus
impuestos.
Tenemos el firme compromiso de
hacer que la política vuelva a ser percibida como una tarea
digna y reconocida por su utilidad social. Vamos a seguir
trabajando para que la política tenga la máxima exigencia de
ejemplaridad y ética pública.
Queremos que España sea un país
donde los ciudadanos se sientan orgullosos de sus
representantes.
El compromiso de la próxima
legislatura es seguir desarrollando en profundidad la Ley de
Transparencia, la primera de nuestra democracia, para
culminar el cambio en la cultura de lo público y la
política.
Abriremos nuevas posibilidades de
acceso y nuevos canales de participación en el Portal de la
Transparencia, reforzando su capacidad como mecanismo para
favorecer el control y la cercanía con los ciudadanos.
Además, impulsaremos las reformas
precisas para asegurar la comunicación de los resultados de
los Plenos municipales a través de Internet.
Fomentaremos la formación de los
empleados públicos que participan en procesos de licitación
pública en materia de ética, transparencia pública y
prevención de la corrupción. Impulsaremos la formación en
transparencia.
Seguiremos potenciando el papel de
la Oficina de Conflicto de Intereses, en particular, en el
control sobre los Altos Cargos, en función de los nuevos
requisitos fijados en la Ley de Transparencia y el Estatuto
del Alto Cargo.
Ampliaremos los registros de
publicidad activa del Portal de la Transparencia,
especialmente en relación a las subvenciones de otros
ámbitos administrativos
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