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ACTUALIDAD - LUNES, 7 DE DICIEMBRE DE 2015


operativo antiterrorista. el pueblo.

Lucha contra el Terrorismo Yihadista
 

Investigan a una traductora por robar datos judiciales sobre yihadistas en Ceuta

Extrajo “de forma subrepticia” un pendrive que contenía informes sobre terrorismo internacional de dos causas que estaban instruyendo los jueces Andreu y Ruz
 

CEUTA
El Pueblo

ceuta
@elpueblodeceuta.com

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid tiene abierta una causa contra una traductora externa empleada por la Policía Nacional por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Está imputada por robar documentos sobre causas de yihadismo seguidas en dos juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional.

En este sentido se ha informado que la traductora, que podría ser una espía infiltrada, sustrajo datos, que se encontraban bajo secreto de sumario, sobre dos células yihadistas vinculadas a Estado Islámico que enviaban desde España, más concretamente desde Ceuta y Melilla, a terroristas suicidas para cometer atentados en Siria, Irak y Mali.

Una de estas redes, que operaba desde Ceuta, envió a 28 terroristas a Siria, donde el Estado Islámico ha establecido su base más sólida de terrorismo internacional, que ha logrado recientemente atemorizar a toda Europa tras los atentados de París. Ocho de los integrantes de la célula de Ceuta se inmolaron en atentados suicida cometidos en Siria e Irak utilizando coches bomba y cinturones con explosivos.

La acusada, tal y como se ha informado desde fuentes oficiales, trabajaba para la empresa Ofilingua S. L. y prestaba sus servicios a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional cuando se produjo la sustracción de los papeles, en agosto de 2012. Estos documentos sustraídos de la sede policial formaban parte de dos diligencias previas abiertas en los juzgados de los magistrados Fernando Andreu y Pablo Ruz.

Se trataban de investigaciones sobre supuestas células yihadistas de propaganda, captación y facilitación asentadas en Ceuta y Melilla, cuya zona favorece que sus ciudadanos empleen mayoritariamente en sus comunicaciones el rifeño, un dialecto autóctono de la zona marroquí del Rif. De esta forma, las traducciones de las conversaciones registradas en las intervenciones telefónicas policiales eran realizadas por la empresa Ofilingua, en la que trabajaba la imputada.

Los servicios de información de la Policía informaron al juez Andreu que la empleada extrajo “de forma subrepticia un pendrive o dispositivo de almacenamiento USB del ordenador donde estaba trabajando en la comisaría, por lo que se le comunica que ese comportamiento no se adecúa a las normas establecidas y ella, de forma voluntaria, entrega el soporte”, según las diligencias judiciales del caso.

En concreto, la Policía Nacional constató que el pendrive que la traductora se había llevado “de forma subrepticia” contenía informes sobre terrorismo internacional de dos causas que estaban instruyendo los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y Pablo Ruz.

La primera de estas causas corresponde a las diligencias previas 14/2012, en las que el juez Andreu investigaba una célula dedicada a captar, radicalizar y enviar a yihadistas para combatir en Mali en las organizaciones AQMI y MUYAO.

La otra causa de la que robó documentos la colaboradora del CNI corresponde a las diligencias previas 171/11, instruidas por el juez Pablo Ruz. La investigación se había iniciado cuando la Policía detectó que varios islamistas radicalizados habían comenzado a organizarse como célula en Ceuta.

Estos yihadistas estaban en permanente contacto con el jeque Omar El Haddouchi, que había quedado en libertad por un indulto del rey de Marruecos, tras cumplir condena por el atentado de mayo de 2003 contra la Casa de España en Casablanca.

La Policía Nacional comenzó a realizar seguimientos a los miembros de esta célula de Ceuta. La intérprete captada como topo por el CNI fue la encargada de traducir la transcripción de las conversaciones telefónicas intervenidas a estos yihadistas por orden del juez Ruz, que constituían una prueba fundamental para conocer todos sus movimientos.

Archivos manipulados

Cual es la sorpresa que el análisis forense determina que en ese dispositivo tenían 17 “archivos borrados recuperados”, que contenían traducciones de las intervenciones telefónicas. Al conocer los hechos, el juez Andreu abrió una causa secreta y determinó que dicha información podría haber sido facilitada a personas relacionadas con terrorismo, por lo que se trataba de un delito competente de la Audiencia Nacional.

Los agentes también revelaron al juez que la traductora “mantenía una relación de colaboración con algún servicio de inteligencia, muy probablemente con el Centro Nacional de Inteligencia, de acuerdo al material recuperado”. Al servicio secreto español supuestamente “facilitaba información sobre diferentes personas y entornos islámicos, lo que lleva a pensar que la sustracción de información que realizó de esta Comisaría General de Información tenía como destino este servicio”. Sin embargo, también señalaron “que no es posible determinar si transmitió esta información a algún otro servicio de inteligencia, aunque de acuerdo a un documento recuperado en el dispositivo se generan sospechas”. Dicho de otro modo, se podía tratar de una agente doble.

La labor de la intérprete de la Policía –captada como topo por el CNI– no se limitó a la traducción de las conservaciones telefónicas de los terroristas pinchadas por orden judicial. También fue fundamental para conocer el contenido de sus correos electrónicos, igualmente intervenidos por la Policía, y su presencia en las redes sociales.

Varios miembros de la red se mantenían en contacto a través de una comunidad de Facebook de tendencia islamista radical, según explica el sumario instruido por el juez Pablo Ruz. Uno de los líderes había comunicado a sus compañeros el inicio de la operación de envío de yihadistas a Siria, en abril de 2012, con un email en el que simplemente decía: “Adelante, Oh Leones de Sham”.

La investigación desarrollada por la Policía Nacional permitió constatar que este grupo celebraba algunas de sus reuniones en la playa de la Alamadraba, en Ceuta, y que captaba a jóvenes de origen musulmán en partidos de futbol, para convertirlos en terroristas suicidas.

Uno de los yihadistas, Rochdi Abdeselam Abdel Lah, había protagonizado un alboroto en la mezquita Bard de Ceuta, en marzo de 2013, durante el cual llegó a agredir al iman porque se negaba a radicalizar los mensajes religiosos que lanzaba a sus fieles.

Pendientes de Microsoft

Por otra parte, la razón que lleva a sospechar de esa condición de doble agente es que “desde la grabación de los archivos hasta el momento de su eliminación transcurrió un espacio de tiempo suficiente para que dicha información haya podido ser manipulada y traspasada a otros equipos informáticos o facilitados a terceras personas”, concluyeron. De las escuchas autorizadas por el juez a la imputada tampoco se identificaron a los receptores.

El juez Andreu concluyó que no era competente para seguir instruyendo el caso, ya que la traductora-espía no tenía relación con un delito de terrorismo. Y remitió las diligencias a un órgano ordinario de Madrid, que rechazó la competencia y planteó una cuestión de competencia en el Tribunal Supremo. Este acordó que los hechos son constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por ello la competencia corresponde a Madrid. Así, la causa llegó en marzo al Juzgado de Instrucción 49 y desde entonces apenas se ha movido un papel. La razón es que el juez Andreu dejó pendiente una comisión rogatoria a Estados Unidos en la que reclamaba a Microsoft que identificase los correos electrónicos y las IP (dirección del ordenador) de los tres receptores de la información sustraída. Pero Microsoft no respondió todavía. Esta pesquisa es fundamental para conocer las implicaciones de la imputada con otros servicios de inteligencia y, sobre todo, llevarla a juicio por revelación de secretos.
 


El servicio de inteligencia español recibió la información sobre los terroristas al mismo tiempo que el juez instructor

Pese a que la causa se encontraba bajo secreto de sumario, el servicio de inteligencia español recibió la información sobre los terroristas al mismo tiempo que el juez instructor. Según la investigación judicial, esta célula de Ceuta envió en apenas un año, entre abril de 2012 y junio de 2013, a 28 yihadistas a cometer atentados en Siria e Irak. De ellos, nueve eran ceutíes y el resto marroquíes. Habitualmente, viajaban desde Ceuta hasta Algeciras en ferry y, una vez en la Península, tomaban un avión en Málaga para volar a Turquía. Desde allí, cruzaban la frontera con Siria. De los 28 yihadistas captados y entrenados por la célula de Ceuta, vinculada a Estado Islámico, ocho se inmolaron en atentados terroristas. Uno de ellos, Rachid Hossain Mohamed, lo hizo estrellando un camión cargado de explosivos contra el cuartel militar de Idlib en Siria, el 1 de junio de 2012. Previamente, había anunciado en su perfil de Facebook que estaba preparado para el “martirio”. Otro de ellos, Yunes Ahmed Mohamed, murió dos meses después en un atentado suicida utilizando un cinturón explosivo.
 


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