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En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, la Federación de Mujeres Progresistas desea
poner el foco de atención en los hijos e hijas de las
víctimas de la violencia de género, porque aunque ya existe
un reconocimiento unánime como víctimas directas de esta
violencia consideramos necesarias medidas de protección
reales y eficaces. La completa erradicación de la violencia
de género pasa por la suma de esfuerzos y medios, y
cualquier retroceso en esta lucha supone un ataque directo a
las actuales y desgraciadamente futuras víctimas, mujeres e
hijos e hijas.
En este 2015 dos nuevas leyes han venido a reforzar la
consideración de los hijos e hijas como víctimas directas.
La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima
del Delito que “visibiliza como víctimas a los menores que
se encuentran en un entorno de violencia de género” con el
objetivo de “garantizarles el acceso de los servicios de
asistencia y apoyo, así como la adopción de medidas de
protección, con el objetivo de facilitar su recuperación
integral”.
Por otro lado, la modificación de 29 de julio de 2015 de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la
Ley de Enjuiciamiento Civil afecta a varios artículos de la
Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género con el mismo fin; instando a la
judicatura a pronunciarse de oficio sobre medidas de
protección integral para estos/as menores, tales como la
suspensión de la patria potestad y custodia y del régimen de
visitas, estancia, relación y comunicación.
“Confiamos en que estas reformas legislativas lleven por fin
una protección real de estas/os niñas y niños y no se quede
en una mera formalidad como ha venido ocurriendo hasta
ahora, no debemos olvidar que la Ley Integral ya permitía
antes de esta modificaciones adoptar esas medidas y sin
embargo, no se han llevado a cabo de forma plena y
satisfactoria”, señala Yolanda Besteiro de la Fuente.
Para lograr la recuperación integral de estos/as menores es
necesario que puedan recibir una atención psicológica
especializada que debe ir acompañada de una solución legal
rápida y eficaz, debido al entorpecimiento que en muchos
casos los padres agresores están haciendo para que no sean
atendidos/as. “El acceso a dicha atención se enmarca en el
ejercicio de la patria potestad, es decir, en una decisión
que ha de ser tomada conjuntamente por ambos progenitores; y
por supuesto en la gran mayoría de los casos los
maltratadores no la conceden”, añade Yolanda Besteiro, que a
su vez se pregunta si “¿es así como garantizamos la
recuperación de los hijos e hijas víctimas de la violencia
de género y a la que por ley tienen derecho?”
Nuestra organización también se pregunta si la protección de
la que hablan las reformas legislativas anteriormente
enumeradas tiene en cuenta que en nuestro país aún hay
menores que van a ver a sus padres, asesinos de sus madres,
a los centros penitenciarios en cumplimiento del régimen de
visitas establecido. “Existen y se dan casos extremos, y
ante eso también hay que tomar medidas urgentes y eficaces”.
También queremos poner la mirada en la realidad que nos dice
que siete de cada diez víctimas, el 67,8%*, nunca denuncian
esta violencia, poniendo fin a la relación en los juzgados
de familia, juzgados sin especialización en los que se
valoran con “neutralidad” situaciones en las que el
desequilibrio de poder entre ambas partes es grave,
llegándose a dar resoluciones que perpetúan el maltrato y
desprotegen a los y las menores.
Por último, este 25 de noviembre deseamos volver a poner de
manifiesto la importancia y la responsabilidad que tienen
los medios de comunicación en ser altavoces de este tipo de
realidades que contemplan las leyes y que sin embargo no se
cumplen; porque solo así seremos capaces de visibilizar y
combatir de forma plena la violencia de género.
* Datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer
2015 , elaborado elaborada por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con el Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS)
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OPINIÓN
/
MANIFIESTO
