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El debate plenario sobre una
propuesta del Grupo Socialista para la creación de un Plan
Integral de Infancia y Adolescencia fue aprovechado ayer por
Juan Luis Aróstegui para reprochar, una vez más, al Gobierno
de Vivas la situación de los menores extranjeros que
permanecen sin escolarizar en Ceuta y que son atendidos por
la Asociación Digmun, que lleva a cabo una labor que hay que
reconocer y felicitar.
La polémica no es nueva, si bien ha tomado nuevos derroteros
en las últimas semanas, transformándose en un enfrentamiento
político entre PP y Caballas. La línea la marcaron el
tristemente fallecido Delegado del Gobierno, Francisco
Antonio González, y el destituido Director Provincial de
Educación, Cecilio Gómez, los que en perfecta sintonía,
aguantaron las críticas contra viento y marea. Este último
llegó a declarar de forma contundente “no hay ningún menor
que cumpla los requisitos para estar escolarizado y no lo
esté”. Mientras tanto, el presidente de la Ciudad se
mantenía hábilmente al margen de la polémica, sin dejar de
subvencionar a Digmun.
Juan Luis Aróstegui siguió su hoja de ruta habitual: Inició
su despliegue mediático, amenazó con denunciar por
prevaricación, implicó a las instituciones donde ‘tiene
mano’ (Fampa, Foro de Educación, Junta de personal, …) e
incluso llevó el tema al Congreso mediante el diputado Jon
Irrausti de Amaiur. Su último paso en su camino para
amedrentar e influir en las decisiones que se toman en Plaza
de África y Plaza de los Reyes, ha sido acudir a la
Defensora del Pueblo y Fiscalía de menores.
Sin embargo, buceando en las noticias sobre el tema,
encontramos que se judicializó uno de los casos, y en julio
de 2014 los Tribunales establecieron que el empadronamiento
era requisito para la escolarización, dando la razón a las
tesis defendídas entonces por la Dirección Provincial de
Educación.
Por tanto, no lleva razón Caballas cuando plantea como
irrebatible la cuestión, basándose en la legislación
internacional, ya que aunque no se puede negar el derecho a
la educación a los menores que estén en el país y repitan
machaconamente que estos chicos viven en Ceuta, lo cierto es
que no pueden demostrar si realmente residen, si pernoctan,
si solo están en tránsito, o si cruzan diariamente la
frontera. Tanto es así que lo primero que ha hecho la
Fiscalía es solicitar a la Policía Nacional que informe
sobre los domicilios de los niños sin escolarizar. Una
cuestión que será clave para desenredar este asunto.
Lo cierto es que, después del relevo en Delegación del
Gobierno, el Presidente Vivas carece del burladero tras el
que se refugiaba, y ha tenido que salir al ruedo intentando
capear el Mihura. ¿Por qué guardan silencio sobre el tema
los actuales Delegado del Gobierno y Director Provincial de
Educación? ¿Y por qué si hace un año se hablaba de 40 o 50
menores afectados, esa cifra se reduce y se habla
actualmente de 20 chicos?
El tema no es baladí, y excede incluso el ámbito educativo.
Estamos hablando del acceso a servicios públicos esenciales,
en las mismas circunstancias que los nacionales, por
personas que no pueden acreditar su residencia permanente y
legal en la ciudad.
Por ello, el presidente Vivas hace bien en mantenerse firme,
ya que sabe a la perfección que su posición como garante de
los valores que sustentan al Partido Popular, puede verse
cuestionada debido a la relación estrecha y especial que
mantiene con el número dos de Caballas. Si se llegara
comprobar que al margen de las declaraciones públicas de
unos y otros, se comienza a escolarizar a chicos extranjeros
que carecen de certificado de empadronamiento, el electorado
del Partido Popular e incluso una mayoría de la población,
lo interpretaría sin duda como una traición imperdonable.
Pregunten en el PSOE como se mantiene en la memoria de
Ceuta, las políticas de “cesiones controladas” llevadas a
cabo en los años 80, y el coste político que aún deben
pagar. Y todo ello en una ciudad, donde las plazas escolares
precisamente no sobran.
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OPINIÓN / EDITORIAL
