El Gobierno local no va a mover ficha en cuanto a la
política de alojamientos de urgencia y alternativos para
familias desfavorecidas. La consejera de Asuntos Sociales,
Rabea Mohamed, cifró en 71 las familias que se encuentran en
éste ámbito de actuación, que se trató en el Pleno con
motivo de una moción presentada por la diputada del
Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fátima Hamed. El
gasto que supone para las arcas municipales es de 90.000
euros.
El debate sobre las familias que se encuentran sin domicilio
centró buena parte de la sesión. A pesar de las
argumentaciones de la oposición, Rabea Mohamed no se movió
ni un milímetro de su posicionamiento -la moción fue
desestimada por el equipo de Gobierno- con el argumento de
que, por ejemplo, el programa de alojamiento alternativo
puede llegar a mantener una cobertura de hasta 60 meses.
También la consejera puso de manifiesto el hecho de que hay
que pedir un compromiso y responsabilidad por parte de los
grupos políticos con representaciones. En todo caso, existen
“excepcionalidades”.
Por ejemplo, el hecho de que “existe gente que no ha querido
hacer caso” a pesar de las proposiciones de los equipos
técnicos encargados.
Rabea Mohamed fue incluso más allá, y centró el hecho de la
propuesta de Fátima Hamed en un caso puntual, concretamente
el de una familia.
Subrayó el hecho de que existe una comisión de valoración
que evalúa mes a mes la situación de todas y cada una de las
familias que se acogen a programas de atención
personalizada.
“Se trata de manera particular y se atienden la
excepcionalidad”.
Por su parte, el diputado y portavoz del PSOE, Manuel
Hernández, puso de manifiesto que es cierto que existe una
coordinación entre instituciones y distintas áreas de
Gobierno para la atención a familias que se encuentran sin
vivienda.
No obstante, expresó que hay que aseguran la alimentación,
el alojamiento, el empleo y que hay que procurar que las
familias sean autosuficientes.
Hay también un problema añadido, en el caso de que hayan
unidades familiares que han de separarse en el sentido de
que no pueden ser alojadas todas juntas.
En el caso de los menores, la situación de encontrarse en
pensiones supone un problema incluso de dimensión
psicológica.
Los alojamientos alternativos cuentan con un apoyo económico
de 400 euros al mes. Los requisitos que se exigen deben ser
cumplidos de forma estricta, según la consejera.
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Fátima Hamed insiste en que hay que establecer una guía de
recursos para casos de urgencia
A pesar de las argumentaciones
esgrimidas por la consejera de Asuntos Sociales, la diputada
y líder el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía,
Fátima Hamed, expuso que que hay que elaborar una guía de
recursos en casos de urgencia para familias que se
encuentren sin un techo.
“¿Por qué no modificar?”, se preguntaban. De esta forma,
indicó que no hay que esperar a que se produzcan “casos
extraordinarios” y que debe exigirse el establecimiento de
un protocolo de emergencia. Además, lanzó un llamamiento a
al “sensibilidad” a instó a la “recapacitación”. Insistió de
manera especial en el hecho de que a pesar de que se están
realizando alojamientos de familias que se encuentran en una
situación muy difícil por carecer de medios para procurarse
un alojamiento, se están detectando casos de “separación de
núcleos familiares”.
Fátima Hamed quiere que todo esté “por escrito” en el
sentido de que haya una reglamentación muy clara con
respecto a los protocolos de actuación en casos de familias
faltas de recursos y de alojamiento.
“Sí existe un protocolo”, le espetó fulminante Rabea Mohamed,
quien insistió en que hay reglamentos y que también existe
una comisión de de valoración que funciona. También dijo que
el alojamiento de urgencia es un recurso temporal.
La actuación en el plano alternativo de alojamiento “es lo
mejor”. Dijo además que “no existe libre albedrío” a la hora
de valorar la situación de cada una de las familias. También
indicó que las críticas suponen “una falta de respeto” a los
profesionales que día a día se encargan de este tipo de
asuntos.
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