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Un día como hoy de 1959 se firma en Nueva York la
Declaración de los Derechos del Niño y el mismo 20 de
noviembre de 1989 se firma la Convención sobre los Derechos
del Niño, a pesar de que ambos textos recogen en su
articulado un conjunto de derechos fundamentales para la
protección de la infancia y que deberían ser de obligado
cumplimiento, lo cierto es que no son pocos los países que
incumplen los textos citados.
En el presente artículo no solo vengo a denunciar la
situación de los Derechos del Niño de numerosos lugares del
mundo (la desnutrición infantil, el tráfico de niños/as, los
57.781.000 de niños/as, en su mayoría niñas que estando en
edad no acuden a un centro escolar, la falta de identidad de
miles de menores, la situación de los niños/as desplazados y
refugiados, las altas tasas de mortalidad infantil, el
trabajo en condiciones infrahumanas y degradantes, el
maltrato infantil, la situación de los niños soldados …).
Sino que también quiero llamar la atención sobre la
situación de los Derechos del Niño en los países de nuestro
entorno y en nuestro propio país y que he extraído del
último informe del Comité de los Derechos del Niño de 2012,
reparando en un apartado que por desgracia nos es familiar y
que a continuación transcribo: “el Comité también observó
con preocupación una serie de tendencias mundiales y
regionales que entorpecen los nuevos avances en la puesta en
práctica de los derechos del niño.
La persistencia de la crisis económica y financiera en los
últimos años está afectando la aplicación de la Convención
tanto en los países desarrollados como en desarrollo,
causando, entre otras cosas, drásticos recortes sociales, la
reducción de las oportunidades de empleo —especialmente
entre los jóvenes y las mujeres—, el incremento de los
precios de los alimentos y los combustibles, la reducción de
los servicios de salud para los más necesitados, el aumento
de la deserción escolar y la disminución de la protección
social de los niños y las familias en situación de
vulnerabilidad, además de la desaceleración del crecimiento
económico. Los Estados no deben perder de vista que, habida
cuenta de la crisis económica que afecta tanto a los países
en desarrollo como a los industrializados, que genera
medidas de reducción de costos tanto en el ámbito nacional
como en la cooperación internacional, se plantea la
necesidad de proteger, mantener e incluso incrementar los
esfuerzos y la inversión en materia de políticas sociales,
especialmente en la esfera de los derechos del niño.
En tiempos de austeridad fiscal, mantener e incluso aumentar
la financiación de las políticas sociales y la protección
social de los que se encuentran en las situaciones de mayor
vulnerabilidad, aplicando un criterio de equidad y
centrándose en los niños, generará abundantes beneficios
económicos y en materia de desarrollo”. Informe del Comité
de los Derechos del Niño 2012.
* Candidata al Congreso de los Diputados
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OPINIÓN
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COLABORACION
