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La ofensiva del Gobierno en contra de las infracciones en
materia urbanística están siendo uno de los caballos de
batalla, desde que comenzó la legislatura actual, después de
las elecciones de mayo.
El asunto fue abordado sin tapujos por parte del portavoz
del Gobierno, Jacob Hachuel, y especialmente por el
consejero de Fomento, Néstor García, en la comparecencia que
mantuvieron ante los medios informativos después de la
reunión del Consejo de Gobierno que tuvo lugar ayer por la
mañana.
El asunto es muy delicado, si se tiene en cuenta que existen
familias que podrían verse afectadas en el entorno de
posibles deshaucios, si bien se consideran todos los casos
con las máximas cautelas y consideraciones, tanto en el
plano jurídico como social.
Las estimaciones que ayer realizó el consejero de Fomento,
Néstor García, también abogado de oficio, indicaban que en
total se han detectado unas 60 viviendas o construcciones
ilegales.
La situación es extremadamente compleja en cuanto a las
acciones que pudieran emprenderse, puesto que hay
situaciones, como dijo García, “legalizables” otras “no
legalizables” y también otras que requerirían unas
actuaciones especiales.
Por el momento se han producido dos demoliciones: la de una
vivienda ilegal y la de una construcción ilegal.
Los expedientes se tramitan de forma que siguen un curso
normal -tardan varios meses- pero con las necesarias y
preceptivas legales.
Como dijo el consejero delegado “son procedimientos
sumamente vigilados”, en los que participan “equipos
multidisciplinares”, en el sentido de que intervienen
distintas parcelas de competencias que están implicadas.
La situación es muy complicada puesto que no se sólo que hay
que actuar, sino también preservar derechos. De esta forma,
se actúa, al menos desde la perspectiva gubernamental local,
desde la más estricta actitud y acción procedimental
ajustada al derecho y a la protección de las personas.
Los seguimientos se hacen “al minuto”, según explicó Néstor
García. Ahora bien: todo el asunto es muy enrevesado, puesto
que desde hace decenios se han estado realizando
construcciones y que ya están más que ocupadas por familias.
Sin embargo, además del seguimiento que se puede hacer en
torno a estas construcciones ilegales, que podrían también
ser regularizadas de existir voluntad, el principal asunto
sería ahora mismo el hecho de impedir que se vuelvan a
producir actuaciones similares en un ambiente de cierta
permisividad. Ahí sí que el Gobierno local no va a pasar la
mano.
Por lo tanto, según se explicó ayer tras el Consejo de
Gobierno, “nadie se puede atrever a construir más viviendas
ilegales”. Según explicaron los representantes del Gobierno
local una de las principales acciones en materia urbanística
es el hecho de impedir que no siga aumentando el parque de
viviendas ilegales.
“Estamos en Europa, en un Estado de Derecho”, declaró el
portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel.
En este contexto, puso de relieve que no se puede permitir
“ni un minuto más” que alguien se pase de “lo marcado por la
ley”.
Es evidente que se trata de una “tarea difícil y ardua”,
como explicaron.
Además, las acciones legales llevan su tiempo, de forma que
no se pueden presumir intervenciones inmediatas en cuanto a
demoliciones y también hay que tener en cuenta las
circunstancias particulares de familias que en estos
momentos viven en lo que consideran sus casas y que podrían
tener problemas en cuanto a su situación personal.
“Una ilegalidad difícilmente puede estar justificada”,
indicaron.
Por otra parte, las actuaciones previstas en materia de
Vivienda van a suponer respuesta a muchísimas personas en su
ambiente vital: desde el punto de vista de la Consejería de
Fomento supondrán actuaciones que tendrían repercusión en
unas 3.233 personas, en zonas como Juan XXIII, General
Carvajal, Santiago Apóstol y Juan de Juanes.
Quizá la zona en la que las actuaciones en materia
urbanística sería Santiago Apóstol, donde se estima que
pudieran beneficiar a unas 2.700 personas. La rehabilitación
integral de zonas urbanas, en la acción de viviendas,
suponen que la Ciudad va invertir un 18% de los gastos
generales y el Estado un 41%. De forma que se superaría el
millón de euros.
Todo ello complementado con un importante Plan de Barriadas
que detalló la consejera de Economía y Hacienda, Susana
Román, después de la última reunión que tuvo lugar en el
seno del Consejo de Gobierno celebrado el pasado lunes.
Las actuaciones en el plano urbanístico son una preocupación
en el plano de la actuación del equipo de Gobierno.
Las acciones de la Policía Local se están centrando en
actuaciones en la lucha contra las acciones urbanísticas
ilegales.
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