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Las obras ilegales se han
convertido en algo habitual en la ciudad, pero proceder a su
derribo es un hecho más aislado que no se da con tanta
rapidez como florecen viviendas sin licencia u obras sin
permiso. Algo que, según han argumentado desde la
administración local, se debe a los excesivos y nada ágiles
trámites burocráticos que se llevan a cabo antes de demoler
una construcción. Sin embargo, ayer tuvo lugar un derribo,
previa sentencia judicial, en la barriada de Juan Carlos I
que puede convertirse en un punto de inflexión, aunque el
caso no se caracterice por la agilidad de las actuaciones. Y
es que, el expediente se inició en junio de 2011 y hasta
noviembre de 2015 no se ha derribado dicha obra ilegal, que
consistía en un anexo a una vivienda que cercenaba el paso a
una calle interior de la barriada. Por eso, desde el juzgado
ordenaron sin éxito a la propietaria de la vivienda que
demoliera la obra y devolviera a su estado original el
terreno que era un espacio público. Ante el caso omiso que
les hizo la denunciada, la Ciudad Autónoma ha actuado y con
ello también ha querido poner de manifiesto que eliminar las
obras ilegales en Ceuta es una de las prioridades de esta
legislatura. El Gobierno ya lo ha dicho y, más allá de las
palabras, también ha creado un grupo de trabajo para vigilar
que no se inicien obras ilegales y que, en el caso de que se
localicen construcciones de este tipo, estas sean derribadas
a la mayor brevedad posible. Ahora y una vez que se han
hecho las declaraciones públicas pertinentes y se ha puesto
la primera piedra de crear un grupo de trabajo, llega la
hora de ser contundente y de no permitir que se lleve a cabo
ni una sola obra ilegal más. Ceuta tiene 18 kilómetros
cuadrados, como recordábamos en el editorial hace sólo unos
días, y por tanto no hay excusas para dejar que florezcan
más construcciones sin licencia.
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OPINIÓN / EDITORIAL
