|
Desde la Ciudad Autónoma se informaba ayer a través de un
comunicado de prensa que la Consejería de Fomento procedió
durante el transcurso de la mañana de ayer al derribo de una
obra ilegal en la Barriada Juan Carlos I, cumpliendo una
requisitoria de un Juzgado de la Ciudad que ordenaba
devolver a su estado original una ocupación de dominio
público por parte de la propietaria de una vivienda situada
en la citada barriada.
Este expediente, por obra ilegal y ocupación de espacio
público, se inició, tal y como se ha informado desde el área
de Fomento, el 22 de junio de 2011 tras una denuncia de la
Policía Local.
La denunciada había construido un anexo a su vivienda,
cerrando el paso en una calle interior de la barriada, de
treinta y siete metros cuadrados. La sentencia del Juzgado,
de fecha 26 de julio de 2012, condenaba a esta persona a una
multa y a proceder a la restitución de ese espacio a su
estado original. Una vez finalizado el expediente y ante la
falta de actuación por parte de la denunciada, la autoridad
judicial ordenó a la Ciudad Autónoma la realización de este
derribo, lo que se produjo en la mañana de hoy. Junto al
personal de la Consejería de Fomento, también estuvieron
presentes agentes de la Policía Local y trabajadores de
Obimace y Parque Móvil.
La Ciudad Autónoma creó un grupo de trabajo, formado por
distintos departamentos implicados en el cumplimiento y
vigilancia de la disciplina urbanística y por parte del
equipo de gobierno se considera la eliminación de las obras
ilegales en Ceuta como una de las prioridades en la presente
legislatura.
Precisamente, hace una semana el consejero de Fomento,
Nestor García León, reconocía a EL PUEBLO que ya hay
numerosos procedimientos iniciados contra más de medio
centenar de obras ilegales detectadas y que los derribos
comenzarán a producirse en fechas venideras, reconociendo
que hasta que no comiencen a ejecutarse estos derribos no se
producirá un punto de inflexión en esta práctica ilegal.
La de ayer fue una de las primeras actuaciones de derribo
ejecutadas desde la Ciudad Autónoma, y todo parece apuntar
que no será la última de aquí a final de año.
En la actualidad, tal y como podido saber EL PUEBLO, hay
identificadas más de medio centenar de obras catalogadas
como ilegales, las cuales se reparten por diferentes puntos
de la ciudad, existiendo una mayor proliferación en la zona
del Príncipe, el Recinto y Patio Castillo, aunque tal y como
reconocía García León, existen otras muchas viviendas por
diferentes barriadas de la ciudad, incluso cerca de las
costas y las carreteras nacionales, que pese a que ya están
identificadas por la Ciudad Autónoma, estas son competencias
del Ministerio de Fomento y de la Delegación del Gobierno y
llevan unos trámites sancionadores distintos.
García León reconocía que entre las grandes dificultades que
se está encontrando el Gobierno de cara a estas actuaciones,
además de los plazos burocráticos, está la continuación de
la ejecución de estas obras pese a estar apercibidas y
expedientadas en horas interspectivas o en días festivos
para evitar el control policial, así como la falta de
documentación de los trabajadores y de los propietarios de
dichas obras, lo que ralentiza aun más todo el proceso,
según confirmaban fuentes oficiales consultadas, aunque
finalmente parece que, con el derribo ejecutado ayer, la
Ciudad comienza a dar respuesta contundente a esta ilícita
actividad.
|
actuaciones
