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Las construcciones ilegales, sobre
todo en barrios del extrarradio de Ceuta, son otra de las
plagas de la ciudad que no se termina de erradicar. Algo que
parece paradójico en una superficie de 18 kilómetros
cuadrados, donde los ojos de la administración deben llegar
a cualquier rincón de forma inmediata y eficaz. Sin embargo,
las construcciones ilegales afloran por doquier y muchas de
ellas consiguen mantenerse en pie por la lentitud de los
trámites que se llevan a cabo antes de dictaminar su
derribo. Parece irrisorio, pero es la realidad. La
burocracia, en lugar de estar al servicio del interés
general, se convierte en un laberinto que impide hacer
cumplir las normativas municipales. Para solucionarlo, son
varias las propuestas que se han lanzado desde el Gobierno,
sobre todo para que las denuncias que interpone la Policía
Local se tramiten de forma ágil y eficaz y se concluyan en
un breve plazo de tiempo con el derribo de cualquier obra
ilegal. Sin embargo, hasta ahora no se han visto resultados,
a pesar de lo obvia que parece la solución inmediata.
El derribo, obviamente, es la solución para acabar con esta
práctica. Pero hay que hacerlo de forma inmediata y
contundente, aplicándolo en todos los casos de obras
ilegales en un plazo de apenas unas horas. No basta con
denunciar, puesto que la inmensa mayoría de los propietarios
y obreros que levantan esas casas ilegales conocían de
antemano la ilegalidad de las obras. No obstante, siguen
adelante aprovechando la connivencia activa o pasiva de una
burocracia que termina amparándoles. Así, la demolición es
la única salida, puesto que nadie se hará una casa si sabe
que la de su vecino fue derribada. La administración tiene
que ser ejemplar en sus actuaciones contra esta práctica
ilegal y lo debe ser ya. No hay tiempo para más demoras.
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OPINIÓN / EDITORIAL
