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El colectivo Digmun reclama desde hace años que un grupo de
niños transfronterizos residentes en Ceuta no acompañados
sean escolarizados. Para ello ha acudido a la vía judicial.
Según dijo el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, “esto son
cuestiones de índole legal, aquí no entra en juego la
voluntad política. Yo no puedo hacer ninguna valoración
desde el punto de vista político porque no hay ninguna
intencionalidad política en un sentido positivo o negativo”.
Por tanto “lo único que tenemos es la obligación de hacer
los políticos y el Gobierno de la ciudad es empadronar a las
personas que cumplan con los requisitos para poder ser
empadronados. Según los servicios de la ciudad estas
personas no cumplen con los requisitos para ser empadronados
y por tanto no pueden serlo”.
Según Vivas “tiene que ser una garantía para todos que en
temas como el empadronamiento y otros muchos el criterio que
impere sea el criterio técnico, el criterio jurídico. Esto
no puede estar al albur de la discrecionalidad del político.
Es un tema muy serio, en Ceuta el tema del empadronamiento
es especialmente serio porque no podemos olvidar la realidad
transfronteriza que de alguna manera tiene incidencia en
Ceuta en muchos ámbitos”.
El presidente manifestó que “si no se fuera riguroso en el
tema del empadronamiento y no se exigieran los
procedimientos, los requisitos y la acreditación del
cumplimiento de estos requisitos que establece la Ley
podríamos tener a todas estas personas transfronterizas
empadronadas en Ceuta y esto sería un problema grave para
nuestra ciudad”.
Un mensaje que lanzó es que “no es una voluntad política la
que está en juego, es estrictamente la aplicación de un
criterio técnico y en este sentido el Gobierno va a
respaldar a los Servicios Técnicos”.
Fiscalía
Por otra parte Caballas ha llevado este tema a la Fiscalía.
La valoración de Vivas al respecto es que “casi siempre
procuro respetar las acciones políticas que cada formación
quiera llevar a cabo. No comprendo ni comparto esa
iniciativa porque estamos respaldando la aplicación estricta
de la Ley en esta materia”.
La opción de “llevar el asunto a la Fiscalía es porque se
puede presumir que se está incumpliendo la legislación de
manera voluntaria y esto le digo que no es así”, insistió el
presidente.
Por tanto “si los servicios determinaran que estos chicos
reúnen las condiciones para ser empadronados lo serán. A
Ceuta no se le puede poner en cuestión, y no digo que esta
acción de Caballas lo pretenda, su capacidad de solidaridad
en ningún aspecto, en todo aquello que tenga que ver con
nuestras relaciones transfronterizas”.
Para el presidente “no se le puede poner en cuestión porque
aquí está la responsable del área de Menores y la ciudadanía
ceutí sabe el enorme esfuerzo que en atender a los menores
transfronterizos realiza la Ciudad Autónoma de Ceuta”.
Como ejemplo de este esfuerzo dijo que “ahí está el Centro
de la Esperanza, que atiende entre 120 y 150 niños de media
con un presupuesto que supera los 2 millones de euros al año
y creo que en ningún caso el Gobierno de la ciudad ha dado
marcha atrás, ha limitado el esfuerzo para que estos chicos,
que son transfronterizos, estén debidamente atendidos”.
Por tanto “cuando se trata de asignar recursos con una
voluntad política a la hora de elaborar un presupuesto están
debidamente atendidos como creo por otra parte que es
nuestra obligación. También estamos cumpliendo con la Ley”.
Otro mensaje que lanzó el presidente sobre este asunto es
que “no regateamos esfuerzos. Por falta de solidaridad en
ningún caso. El empadronamiento es un asunto muy serio que
tiene que estar sometido a los requisitos establecidos
legalmente”.
Empadronamiento
Si viven en Ceuta los menores “tienen que estar
empadronados. No hay otra salida. Según la información que
hemos recibido por parte de la Dirección Provincial del
Ministerio y de la propia Delegación del Gobierno la única
posibilidad de escolarización es el empadronamiento, que
tiene que cumplir con unos requisitos determinados”.
La persona “tiene que estar documentada, no basta con decir
que está viviendo, tiene que vivir con su situación de
residencia regularizada y eso creo que no se produce en los
casos que estamos hablando”.
Vivas fue tajante al afirmar que “ni la Ciudad ni el
Gobierno de la nación tienen el más mínimo interés en
perjudicar a unos chicos, todo lo contrario. He puesto en
evidencia que hay otro tipo de decisiones políticas que
acreditan la sensibilidad y el compromiso solidario con esta
situación, pero el empadronamiento es un asunto delicado,
serio, que se tiene que llevar a cabo conforme a los
procedimientos legalmente establecidos”.
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La Asociación por la Dignidad de Mujeres y Niños acude a la
vía judicial, una vez agotada la vía administrativa
Miembros de Digmun (Asociación por
la Dignidad de Mujeres y Niños) participaron en el I
Congreso Internacional de EDUCO sobre el Bienestar de la
Infancia y sus Derechos, que se celebró entre los días 22 y
24 de octubre.
Digmun ha aprovechado su presencia en Madrid para dar a
conocer la situación de los niños que están sin escolarizar
y a los que atiende la asociación gracias a la financiación
de EDUCO. “Este hecho ha sorprendido a las personas que han
asistido al Congreso, al ser algo que está sucediendo en el
territorio español”.
El Congreso “ha sido un escenario clave para que la entidad
se ponga en contacto con personas y entidades que pueden
interceder en esta situación, entre ellas uno de los
miembros del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas que ha mostrado gran interés y ha pedido que le
enviemos más información al respecto”.
Una vez agotada la vía administrativa Digmun tiene previsto
iniciar la vía judicial. Andalucía Acoge le apoya.
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